El PSOE de Málaga pide una comisión de investigación por "facturas infladas hasta el 90%" en Smassa

El PSOE en Málaga pedirá en el próximo Pleno municipal, la semana que viene, la creación de una comisión de investigación sobre la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa). Esto se produce después de que el Ayuntamiento haya detectado mediante unas auditorías externas facturas con sobrecostes de hasta el 90% y llevar ante la Fiscalía el caso, además de haber apartado al jefe de Servicio, E. Z. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado este viernes su respaldo a la decisión municipal y espera que este órgano judicial aclare "si hay algo más que una cuestión administrativa". Con Málaga ha solicitado un consejo extraordinario en la empresa de aparcamientos y ha presentado escritos para que se le traslade toda la información y los expedientes aparejados.

Desde el PSOE proponen la comisión de investigación para esclarecer “una cadena de presuntas irregularidades administrativas y hechos que podrían ser constitutivos de delito”, algunos de ellos ya puestos en conocimiento de la Fiscalía, y que suponen “un capítulo más de presuntos sobrecostes que apuntar a microcorrupción”, según ha señalado su portavoz, Dani Pérez, tras detectarse facturas infladas en un 90%. Tambien ha reclamado al alcalde que "dé la cara" y "asuma responsabilidades". Según el socialista, “lo que durante años se intentó minimizar como simples irregularidades administrativas hoy ya no puede ocultarse. Estamos hablando de presuntos delitos, de facturas infladas con sobrecostes de hasta el 90%, de denuncias trasladadas a la Fiscalía por la propia sociedad municipal y de una gestión absolutamente opaca protegida desde la Alcaldía”, ha señalado Pérez.

A preguntas de los periodistas, De la Torre ha señalado que suscribe "plenamente" las palabras de su concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, que "conoce el tema con más profundidad" y ha decidido llevar a la Fiscalía posibles irregularidades ambientales y sobrecostes en obras.

"Desde el punto de vista administrativo, se ha hecho una especie de muestreo para coger casos y analizarlos", ha añadido el alcalde, que ha subrayado que "respalda" la acción que se ha hecho.

Ahora "hay un plazo de quince días para las alegaciones de la persona afectada", en alusión al jefe de servicio que ha sido suspendido de empleo y expedientado, y "se ha puesto en manos de la Fiscalía, que debe entender si hay algo más que una cuestión administrativa", ha precisado De la Torre.

Está en el punto de mira, además de la contratación, el desguace municipal de Los Asperones. El jefe de Servicio tiene 15 días para reclamar la decisión de la empresa de suspenderle de empleo –que no de sueldo de momento–. Este paso se ha tomado después de que varias auditorías externas, en un muestreo, detectasen los sobrecostes en los ejercicios económicos de 2024 y 2025, según ha podido confirmar este periódico con Trinidad Hernández.

Tras la apertura del expediente al trabajador, Hernández traslada su voluntad de ser escrupulosa con el trámite y las futuras acciones que devengan. Bien sean la suspensión de sueldo u otras sanciones, a otras más graves, como el posible despido. El expediente, como marca la legislación, ha sido trasladado al comité de empresa.

El comité de empresa, según traslada a este periódico, ya había pedido en distintas ocasiones que se investigaran los hechos por los que ahora han acudido a Fiscalía desde el Ayuntamiento. En el último escrito presentado, el 1 de julio de 2025 y al que ha tenido acceso este periódico, pedían la facturación detallada de distintas anualidades con diferentes empresas y trasladaban sus sospechas por el supuesto inflado de costes. A este, según indican, respondieron desde el Ayuntamiento que se habían encargado las auditorías externas con las que se ha acabado acudiendo a Fiscalía.

Desde el comité señalan que se pusieron en contacto con la Gerencia debido a que constaban "con indignación" que no se contrataba "en servicios públicos, sustituciones o esenciales". Pero mientras tanto detectaban "este inflado de facturas", por lo que no entendían "cómo había dinero" para compras externas "y veíamos la calidad de lo que se adquiría" y no para reforzar el personal y servicios básicos.

Con todo, afirman que en la última etapa, "ahora se investiga, se admiten y enfrentan las deficiencias que se encuentran" en el seno de la empresa después de un periodo que definen "de oscurantismo". Destacan la "colaboración total y absoluta" de la concejala de Movilidad, y la "tranquilidad que genera ver que la empresa vuelve a ser transparente".

Este periódico ha tratado de obtener la versión del jefe de Servicio, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.