Reabren en Málaga la investigación por una supuesta ciberestafa en inversiones de más de 300.000 euros

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha acordado reabrir una causa iniciada a raíz de la denuncia de un hombre por una supuesta ciberestafa en inversiones en una cuantía de más de 300.000 euros, al considerar que no se habían agotado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, por lo que ordena la continuación de la investigación.

Dicho juzgado abrió unas diligencias previas en noviembre de 2024 y acordó la práctica de diligencias "esenciales" para determinar la naturaleza de los hechos y la identidad de los responsables. Pero, en diciembre de 2025 acordó el sobreseimiento provisional de la causa, decisión que fue recurrida por la representación legal del denunciante.

Según alegó esta parte, representada por el despacho Ley 57 Abogados, que dirige el letrado Carlos Cómitre, la remisión de las investigaciones "nunca fue realizada" y las diligencias previas permanecieron "en el limbo procesal" un año, "sin realizarse actuación judicial alguna y sin que esta parte tuviera conocimiento de este procedimiento", señala el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.

El hombre denunció que había sido objeto de una estafa, de tal forma que había llevado a cabo una serie de inversiones a través de una empresa. Según lo denunciado, el afectado fue contactado a través de internet por supuestos intermediarios financieros que le ofrecieron dichas operativas y que le enviaban diferentes gráficas con la fluctuación de las acciones.

Estos supuestos gestores luego "le instalaron" aplicaciones de acceso remoto en su ordenador y teléfono móvil, "como parte de la operativa necesaria, decían"; lo que les permitió operar directamente sobre sus dispositivos. Según un oficio policial, que consta en las actuaciones, se produjeron unas 22 transferencias a distintas cuentas bancarias, algunas radicadas en otros países.

La representación del denunciante señaló en su recurso que al acordarse el archivo no se había tenido en cuenta que "la investigación policial no estaba cerrada" y que dicho oficio de la Policía detalla, entre otros aspectos, "indicios de criminalidad organizada" y que los investigadores pedían "la práctica de diligencias imprescindibles".

Ante esto, el juzgado de instrucción, consultado por Europa Press, considera que debe revocarse el archivo decretado y acordarse los mandamientos, comisiones y ordenes de investigación interesados por los investigadores del Grupo II de Delitos económicos en ese oficio "en orden a la averiguación de los hechos denunciados dado lo cuantioso del perjuicios causado al denunciante".