La altura y la ubicación de las diversas propuestas que más o menos hemos ido conociendo de la torre del puerto, y su afección sobre el paisaje urbano del eje litoral y de la ciudad histórica han sido los principales elementos del debate sottovoce que Málaga ha tenido en los últimos años, y sobre los que se desarrolló una jornada en el Rectorado la semana pasada organizada por diversas entidades contrarias a su proceso de construcción y a la deriva que está tomando el urbanismo en Málaga. Pero en este pequeño texto me gustaría centrarme en otra cuestión fundamental como es la participación ciudadana en este proyecto, que al igual que otros muchos de la ciudad ha sido dejada a un lado como algo molesto y engorroso.
Incluso hay personas que manifiestan que las elecciones municipales eran un refrendo de la voluntad de los malagueños de llevar adelante este proyecto. Quien mantiene estos argumentos tan deficientes no tiene realmente idea de lo que significa la democracia participativa, y los diferentes niveles que significa. Si a través de las elecciones, donde en un programa electoral cabe todo, se resolvieran todas las cuestiones urbanas seriamos una democracia muy imperfecta, en el polo opuesto de países como Suiza o Dinamarca que tienen continuos procesos participativos sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos.
Al mismo tiempo, la normativa urbanística, obliga a la administración pública a desarrollar periodos de información pública donde los ciudadanos puedan realizar alegaciones a un determinado proyecto, como en este caso es la torre y la modificación del plan especial. Otra cuestión es que el procedimiento sea meramente publicitario para cumplir el expediente, sin reuniones y debates públicos, y se denieguen todas las propuestas ciudadanas, como en los últimos años suele acontecer.
Que un proyecto de la magnitud de la torre del puerto no haya tenido un proceso de participación y decisión ciudadana se convierte no solo en un problema urbanístico, sino de carencia democrática. Incluso este periódico nos informa que el expediente ha sido revisado por el puerto y remitido a Madrid a Puertos del Estado. Y todo ello sin que hayamos conocido cómo es el proyecto y que características tiene, más allá de su altura de 144 metros.
Que los ciudadanos malagueños no conozcan las características físicas de un proyecto que puede hipotecar el paisaje de Málaga durante generaciones solo puede calificarse de un ejercicio de opacidad democrática. Al igual que la dejación de responsabilidades, Urbanismo señala que el tema es cuestión del Puerto, y la Autoridad Portuaria que serán los promotores los que deberán hacer público el proyecto que recibieron en marzo de 2025.
Pero históricamente no siempre fue así, desde la transición democrática en Málaga se constituyeron nuevas reglas del juego y un compromiso político de participación ciudadana cuyo campo de actuación más destacado fue el planeamiento urbanístico. Sin embargo, en algún momento, a mediados de la segunda década de este siglo, el contrato social sobre el campo de juego común se fue degradando y derivando a un retorno al pasado, donde los intereses individuales de carácter mercantil se han ido imponiendo a los generales de la Málaga. La desregulación económica vía urbanismo ha provocado la ruptura de la cohesión social de la ciudad, y la desmesurada presión turística y la carencia de vivienda asequible solo sería un ejemplo, quizá el más sangrante.
Se han ido obviando el marco de referencia estratégico de la ciudad como es la Agenda Urbana y el propio PGOU, es decir, las propuestas consensuadas a lo largo de los años, por ocurrencias carentes de basamento reflexivo y ponderado.
Es ciertamente difícil de comprender como hemos llegado a esta situación de desencuentros, aparte del giro neoliberal de la política municipal y autonómica, más aún cuando las profundas discrepancias no son con fondos de inversión desconocidos, sino con personas que conocemos, con las que tenemos una buena relación y con las que hemos trabajado juntos en muchos proyectos. Con la autoridad portuaria hemos compartido proyectos y experiencias en las asociaciones de integración puerto-ciudad RETE y AIVP desde hace años, como también lo hicimos con sus antecesores.
Y qué decir del alcalde de la ciudad después de tantos años de trabajo conjunto, siguiendo la estela de Pedro Aparicio y Celia Villalobos, por mejorar la ciudad que en los años setenta estaba rota y desarticulada. En su despacho luce el premio que obtuvo Málaga en 1998 de Naciones Unidas Habitat al ser la primera ciudad europea ganadora del premio a las Buenas Practicas Urbanas. En años posteriores, Málaga fue un referente europeo en desarrollar de manera consensuada la Agenda Urbana y su Sistema de Indicadores. El alcalde era entonces invitado a las reuniones de alcaldes centristas y progresistas de la London School of Economics que se celebraba en Barcelona.
¿Qué demonios ha pasado? Teníamos un campo de juego donde los limites eran respetados por los partidos políticos, asociaciones empresariales, sindicales y la propia sociedad civil para mantener la coherencia del estado del bienestar. Y todo eso, con lo que costo construirlo, lo hemos perdido en la época toxica que nos ha tocado vivir. Sin embargo, como decía hace unos días en estas páginas el filósofo Josep Ramoneda “cuando se pierde la noción de limite, todo es posible”. Por ello el primer objetivo colectivo de la ciudad, entiendo que debería ser recuperar el sentido democrático de la participación ciudadana vinculo inseparable de la cohesión social y de la renovación de la ciudad.
