El retraso en el pago de la Junta ahoga a empresas que emplean a discapacitados

"Ya no hablamos más. Hemos hablado mucho con la Junta y nos han puesto demasiadas excusas. Ahora queremos el dinero o nos movilizaremos". El malestar en los centros especiales de empleo es mayúsculo porque los retrasos en el pago de las ayudas por parte de la Administración autonómica asfixia a unos y pone en riesgo de desaparición a otros.

De ahí la afirmación tan contundente del presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga (Aceema), Alfonso Rubio. La Consejería de Empleo debe ayudas por el mantenimiento de puestos de trabajo desde hace unos 22 meses. Exactamente, desde enero de 2014. El monto adeudado asciende a 5,4 millones de euros en la provincia y a unos 30 en la comunidad autónoma.

Justamente, para defender los intereses de estas empresas -creadas para ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial- se creó Aceema el pasado verano. "La situación es realmente alarmante, por eso se ha constituido Aceema para exigir los pagos", indicó Rubio.

Sin los centros especiales de empleo, difícilmente las personas con discapacidad encontrarían una salida laboral. Estas empresas deben tener al menos el 75% de su personal con alguna discapacidad. La provincia de Málaga cuenta con unos 70 centros especiales de empleo que dan trabajo a alrededor de 2.000 personas.

"Con sus retrasos en los pagos, la Junta de Andalucía está dejando que se mueran los centros especiales de empleo. Algunas de estas empresas han debido cerrar y otras, han tenido que reconfigurse para poder afrontar casi dos años de impagos", indicó Rubio.

Los retrasos se producen en las ayudas al mantenimiento del empleo. Estas subvenciones se crearon por la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi), aprobada en 1982.

"Esas ayudas llevan pagándose 30 años y de pronto, por los problemas presupuestarios, han dejado de concederse. Pero están en la ley. [La Junta] se gasta mucho dinero en programas de empleo que son una patraña, cuando estos centros existen. Las subvenciones serán graciables, pero las nóminas son reales y estas personas son reales", defendió Rubio.

Los centros especiales de empleo se especializan en servicios, entre ellos reparto a domicilio, jardinería o limpieza de vehículos. Suelen ser tareas no cualificadas que pueden ser desarrolladas por personas pese a su discapacidad. Al mes, estos trabajadores cobran entre 600 y 900 euros, según su antigüedad. En torno a 300 son abonados por la Junta. Esa ayuda apunta a compensar la menor competitividad de esas personas y a apuntalar la economía de empresas que cumplen un fin netamente social.

Debido a que los centros especiales de empleo deben abonar sus nóminas mensualmente, la deuda que arrastra la Junta desde enero de 2014, complica peligrosamente su viabilidad, según Rubio. Estas empresas tienen plazas concertadas también con la Consejería de Asuntos Sociales. En estos casos, también se abonan con retraso esos conciertos, pero la demora se sitúa en 90 días. La Consejería de Empleo, en cambio, debe 22 meses, según el presidente de Aceema.

Por su parte, la Junta no considera deuda las ayudas pendientes porque "aún no están resueltas administrativamente". Sin ese trámite, no pueden pagarse y por lo tanto, no se adeudan. No obstante, un portavoz de la Delegación de Empleo aseguró que de forma "inminente" se van a empezar a resolver.