El número de damnificados por las nuevas servidumbres del aeropuerto de Málaga sigue creciendo. Y es que la incidencia que la propuesta activada por el organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) se deja notar de manera severa sobre los desarrollos que el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) tiene en los suelos de la extensión de la Universidad de la ciudad. Sin descartarse que pueda, en la misma medida, tocar el proyecto de ampliación en el que viene trabajando desde hace años la tecnópolis, cuyo planeamiento se encuentra aún pendiente de aprobación.

"Tenemos una preocupación en grado máximo", admitió el director del PTA, Felipe Romera, quien fue contundente al añadir que estas afecciones son "una desgracia para el desarrollo del parque en la Universidad". En concreto, la zona afectada es la correspondiente al denominado Parque Científico Empresarial de la UMA, donde se pretende impulsar la construcción de manera inmediata de dos edificios, en fase de licitación, pero a los que se iban a sumar otros más adelante.

Según Romera, tras analizar los documentos de Aviación Civil, actualmente en proceso de información pública, la conclusión es que la incidencia es clara. "Vemos que nos afecta de manera brutal; donde antes podíamos hacer tres o cuatro plantas ahora no cabe ninguna", expuso de manera gráfica.

Lo que ahora ocurre con el PTA es semejante a lo ya denunciado por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien tras una reunión la pasada semana con responsables de Aviación Civil y de Aena subrayó el "impacto brutal" que la huella del aeropuerto tiene sobre buena parte de los desarrollos contemplados en Teatinos, Churriana y Campanillas. De manera clara indicó que hay espacios en los que la altura máxima permitida es de 3 metros, lo que puede llegar a invalidar buena parte de estos aprovechamientos.

Ante esta situación, López y Romera confirmaron los contactos que mantienen ambas instituciones, a las que sumar también a la Universidad, cuyos responsables están analizando ahora la incidencia de la medida, y a la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga para formular alegaciones al planteamiento del organismo estatal.

"Nosotros vamos a negar la mayor", sostuvo López al ser preguntado por este periódico, anunciando una respuesta clara contraria a la propuesta del organismo estatal. "Entendemos que no procede", insistió, recordando que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente en la ciudad desde hace casi diez años ya fue sometido a las servidumbres aéreas del momento. De hecho, las exigencias contenidas en ese documento obligaron a reducir de manera significativa las alturas previstas en sectores como Torre del Río, Térmica y Repsol, entre otros.

A juicio del edil, la capital de la Costa del Sol no debe verse nuevamente afectada por las servidumbres. En este sentido, se mostró confiado en que "el clamor" que esta medida está generando en el sector y en otros ayuntamientos "haga reflexionar al Gobierno". Hay que recordar que aunque el aeródromo se encuentra emplazado en Málaga, su afección se deja sentir sobre otros municipios cercanos: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Antequera, Ardales, Benalmádena, Campillos, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Pizarra, Torremolinos y Valle de Abdalajís.

López subrayó la necesidad de que por parte de la Administración central exista sensibilidad en el sentido de "encajar las cosas no de imponerlas". Una de las preocupaciones de Urbanismo tiene que ver no tanto con que desarrollos como el de Térmica o Nereo tengan que reducir las alturas previstas, sino en la incidencia que puede existir sobre los aprovechamientos de los sectores afectados.

Urbanismo confía en que el Gobierno reflexione dada la incidencia de la medida sobre desarrollos de Churriana, Campanillas y Teatinos

Y a modo de ejemplo expuso: "Hablamos de unos aprovechamientos que están planificados para un entorno en el que se disponen unos equipamientos, zonas verdes... Pero si hay que redistribuirlos porque se baja la altura es posible que haya que ocupar el espacio del equipamiento o de la zona verde, con lo que el planeamiento no valdría”. “¿Qué reglas de juego nos están marcando?", se preguntó.

La secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Violeta Aragón, abundó en esta misma línea, subrayando el efecto que genera en materia de seguridad jurídica “ante alguien que invierte en un suelo y que no sabe qué va a pasar después por un informe de seguridad aérea”.%ääùæ