Las siete vidas de la Casa Invisible

La Casa Invisible sigue viva; como un superviviente que ante las más adversas vicisitudes tiene la capacidad de permanecer. Frente a las contrariedades y las amenazas de desalojo nunca formalizadas, el movimiento cultural que ocupa de manera irregular los edificios 9 y 11 de la calle Nosquera, expropiado en su día por el Ayuntamiento de Málaga para la ejecución de un equipamiento público, sale de nuevo victorioso. Más de 11 años después de ocupar de manera ilegal el inmueble, sigue en su interior, defendiendo su derecho a explotar el inmueble como centro de cultura alternativo.

Al otro lado de la escena, el equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Francisco de la Torre, gestiona el asunto con vaivenes continuos. En ocasiones, con la determinación de avanzar en el desalojo definitivo; en otras, como ahora, dando marcha atrás y abriendo de par en par la vía del diálogo y de la posible cesión del espacio sin que concurra concurso público alguno.

La fotografía es la del regidor sentado a la mesa con el colectivo la Fundación de los Comunes en la jornada del lunes para aceptar una fórmula alternativa que, todo hace indicar, permitiría la pervivencia de la Casa Invisible. Pero este De la Torre es el mismo que hace poco menos de dos meses presidía la Junta de Gobierno Local que acordó activar la orden de desalojo y rechazó las alegaciones presentadas por los inquilinos alegando razones de seguridad y de incumplimiento retirado.

No es esta la primera ocasión en la que la vía del desahucio de la Casa Invisible se pone sobre la mesa en el Consistorio. Ya en 2007, apenas un mes después de ocurrir la ocupación, el entonces concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, informaba del inicio del proceso. El edil razonaba que se trataba de un edificio municipal "y de todos los malagueños" y calificaba como "muy grave" la entrada sin autorización en el mismo.

El análisis de las palabras en los meses transcurridos desde que un 10 de marzo de 2007 ocupasen el interior de los inmuebles de Nosquera confirma la ausencia de un discurso continuo por parte del equipo de gobierno del PP. En noviembre del año pasado, el alcalde se agarraba a los informes de la Secretaría municipal para evitar una cesión directa. "La Secretaría decía que tenía que haber desalojo, que tenía que haber una ocupación interrumpida y eso es lo que impidió que se siguiese por ese camino", dijo. Una exigencia que no ha tenido cumplimiento en estos años.

Un argumento vigente desde mediados de 2012, cuando el entonces concejal de Cultura, Damián Caneda, informó de la existencia de un informe de la Asesoría Jurídica argumentando que la única forma de "enmendar" el origen ilegal de la ocupación era mediante la salida a concurso de la gestión del recinto. Otro de los aspectos en los que incidió meses atrás el alcalde fue el de la seguridad. No obstante, se da la circunstancia de que desde hace ya seis años, en los que la Casa Invisible carece de respaldo legal alguno, la obligación del mantenimiento y la inspección debiera corresponder al Ayuntamiento, como propietario del mismo. Esta realidad es más contundente aún si se tiene en cuenta que desde el 23 de diciembre de 2014 está vigente un decreto emitido por Urbanismo impidiendo la apertura de todas las dependencias, a excepción del patio, para actividades de libre concurrencia. En los informes técnicos se hablaba de "alto riesgo incendio" por la situación de las instalaciones eléctricas.

Ayer, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares admitió que esta orden es válida, aunque destacó la voluntad de colectivo cultural por "presentar la documentación que certifique que el inmueble sí cumple con las condiciones exigidas". Al tiempo, valoró la aportación del proyecto de rehabilitación "firmado por un arquitecto, lo que permite empezar a trabajar con él". "Hay que cumplir todas las medidas de seguridad", insistió.

La autoenmienda protagonizada por el regidor se produce tras unos meses en los que el PP asumió el endurecimiento en el discurso frente a la Casa Invisible protagonizado por su socio de investidura, Ciudadanos. La formación naranja es contraria al mantenimiento del proyecto y reclama el desalojo del edificio. El paso atrás dado por el alcalde provocó la crítica del portavoz de Cs, Juan Cassá, que le acusó de querer regalar el inmueble a un grupo que lo ocupó tras "dar una patada a la puerta".