Anunciado el final de Limasa III, la relación que viven el Ayuntamiento de Málaga y Seruma, que durante casi dos décadas han sido sus socio directo en la gestión del servicio de limpieza y recogida de basura, empieza a enquistarse de manera acelerada. Tras mostrar su oposición radical al proceso de municipalización iniciado por el equipo de gobierno, la parte privada de la sociedad (que da cabida a FCC, Unicaja, Sando y Urbaser), pone ahora sobre la mesa la existencia de casi 8,7 millones de euros que, según sus datos, le adeuda el Consistorio en concepto de beneficios no abonados.

El detalle económico se ha desvelado durante el debate de aprobación definitiva del Presupuesto municipal para 2020, ratificado en un Pleno extraordinario, y que tuvo como previa las alegaciones formuladas al mismo. Entre ellas, dos relacionadas con Limasa y con los beneficios que, según Seruma, tiene que satisfacer el Ayuntamiento.

En sus observaciones, la parte privada recuerda que el contrato fijaba la obligación de que el Consistorio abonase a la entidad unos beneficios anuales de al menos el 2% de la facturación total. Según esta premisa, entre 2005 y 2019, el cumplimiento de este precepto tendría que haberse traducido en una aportación cercana a los 26,2 millones, de los cuales solo se asignaron 17,5, “de los cuales se han repartido como dividendos 8.138.358 euros”. En los 16 años objeto de análisis, la facturación total de Limasa al Ayuntamiento ha alcanzado los 1.309 millones de euros.

A juicio de las empresas que participan de la gestión de Limasa, esta cuantía tendría que estar contemplada en las cuentas municipales de 2020. "Resulta evidente que en el presupuesto se omite el crédito necesario para cumplir con obligaciones exigibles", se señala. Al tiempo, se apunta que la citada cuantía es independiente de la que habrá que satisfacer el Ayuntamiento en caso de que finalmente siga adelante con la liquidación de Limasa III.