Vuelve la tensión a la Vega de Mestanza, entra la excavadora para reponer una pasarela sobre el río
Los vecinos denuncian que no es legal, mientras que la Junta defiende que está en el proyecto y que es necesaria para que accedan biólogos
Momentos de tensión en la Vega de Mestanza: entran las máquinas excavadoras con la policía
Vuelve la tensión a la Vega de Mestanza. A primera hora de la mañana de este miércoles han entrado en el paraje máquinas excavadoras acompañadas de la policía, a pesar de la resistencia vecinal. Los trabajadores, custodiados por los agentes, han repuesto la pasarela sobre el río necesaria para acceder a la vega, que los vecinos habían retirado previamente. Estos afirman que no está en los proyectos y han presentado dos denuncias por delito medioambiental y medidas cautelares para paralizar los trabajos. Desde la Consejería de Agricultura y Pesca afirman que la pasarela forma parte del proyecto, que este está validado y que es necesaria para que accedan los biólogos que van a acometer el estudio de fauna encargado por la unión temporal de empresas (UTE) a la que se ha adjudicado los trabajos.
Los vecinos llevan semanas manifestándose en este paraje situado entre Málaga capital y Alhaurín de la Torre para mostrar su rechazo frente a la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte en este enclave, que conllevará la tala de miles de árboles frutales (8.500 según la Junta de Andalucía; unos 20.000 acorde a los vecinos).
Pese a que, con la protección de la policía, las máquinas han podido reponer la pasarela, los vecinos, ataviados con palas han vuelto a intentar eliminarla, acción que ha cesado por la presencia policial. La pasarela ya fue retirada por los vecinos hace unos días, de ahí su reposición. Los vecinos también afirman que la zona "no tiene cartel de obra, lo cual es ilegal, y se lleva denunciando desde antes del 9 de junio".
Desde la Junta de Andalucía prevén que "en un año estará lista la planta provisional" y que "se dejará de pagar 1,2 millones de euros de multa al año a Europa", en alusión a la sanción millonaria periódica interpuesta por la Unión Europea por incumplir los plazos de depuración. También que "un poco más tarde" la regeneración de aguas terciarias "ampliará la zona de regadío del Guadalhorce".
El pasado 3 de junio en torno a un centenar de personas se dio cita en este paraje para mostrar su rechazo a la construcción de la EDAR. Mari Carmen Mestanza, el rostro más visible de la ofensiva contra el proyecto de la estación depuradora, aseguró que, según pudo saber de mano de unos operarios, se esperaba que el corte de árboles comenzase ese día a las 8:00 para cortar "unos 400 frutales", sin embargo, estas tareas no se iniciaron finalmente. Ante esta posibilidad, un grupo de manifestantes ha colocado piedras en una rampa habilitada junto al río por la que podría acceder la maquinaria, tratando así de dificultar el acceso a los trabajadores en el futuro.
Desde entonces, los vecinos han permanecido en la zona, haciendo guardia, para vigilar si las máquinas accedían a las fincas. El pasado lunes, según se aprecia en un vídeo difundido por ellos mismos, una excavadora tuvo que darse la vuelta, al tener el paso sobre el río cortado por dos vecinos sentados en el suelo.
Cabe recordar que más allá de concentraciones, los vecinos llevan años librando una ofensiva en los tribunales contra la depuradora, puesto que entienden que se situaría en terreno inundable y que existen otras zonas alternativas para instalarla. Representados por el abogado Marcelino Abraira, las últimas acciones legales tomadas en este sentido son la denuncia ante la Guardia Civil y la Fiscalía para investigar si una rampa habilitada junto al cauce del río para el paso de camiones cumple la legalidad, así como contra las expropiaciones. Aunque también se trabaja para frenar por completo la construcción de la depuradora a través de distintos recursos presentados.
El último paso dado por la defensa de los vecinos a llevar a los tribunales europeos la situación. A la artillería judicial se suman denuncias presentadas contra el proyecto ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Defensora del Pueblo Europeo.
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