La trama de Almogía se salda con 13 implicados en su primera fase

La primera parte de la operación Almexia contra la trama de urbanismo ilegal destapada en el Ayuntamiento de Almogía ha terminado con un total de 13 implicados, entre ellos el alcalde de la localidad, el socialista Cristóbal Torreblanca. La Guardia Civil ha entregado ya las diligencias ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, encargado de investigar el caso, y que ahora deberá llamarlos a declarar. Aunque la investigación no se da por terminada y no se descartan nuevos imputados.

La investigación iniciada el pasado mes de marzo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha saldado hasta el momento con 11 personas detenidas y dos imputadas, entre los que se encuentran varios funcionarios y concejales, el secretario accidental del Ayuntamiento y dos policías locales, según confirmaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación.

Todos ellos prestaron declaración como presuntos implicados en la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga después de que el 21 de octubre se produjera el registro del Consistorio y la Casa de la Cultura en busca de, al menos, una quincena de expedientes urbanísticos sobre los que podría haberse cometido alguna irregularidad en su tramitación.

Aunque en un primer momento las sospechas de los agentes se centraron en un posible delito de prevaricación, las declaraciones de los implicados y la comprobación de la documentación intervenida a lo largo de los últimos meses han hecho que también sean imputables los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociación prohibida para funcionarios públicos y alteración del precio de las cosas.

Ninguno de los detenidos ingresó en prisión tras su declaración y todos fueron puestos en libertad con cargos a la espera de que el juez que instruye el caso los cite a declarar en los próximos días.

El alcalde del municipio y también diputado provincial prestó declaración como detenido el pasado 22 de octubre y fue puesto en libertad como imputado por los delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental, aunque aún continúa ejerciendo sus funciones a la espera de la imputación formal por parte del juzgado.

Los primeros en declarar por la trama de urbanismo ilegal investigada por la Guardia Civil en Almogía fueron un policía local y una funcionaria.

Según informaron en su momento fuentes cercanas a la investigación, el agente podría haber utilizado información privilegiada para la compra y venta de parcelas en el municipio y haber agilizado algunos expedientes urbanísticos.

En cuanto a la funcionaria, fue la primera en prestar declaración el pasado mes de abril y presuntamente podría estar implicada en la tramitación fraudulenta de estos expedientes de disciplina urbanística abiertos por el Ayuntamiento de Almogía en los últimos años por construcciones levantadas en suelo no urbanizable.

Pero, según las investigaciones, a pesar de que en algunos de ellos se ordenaba incluso la demolición de la vivienda o la paralización de las obras, la medida no se llevaba finalmente a cabo. Además, las cuantías de las sanciones que se fijaban en los expedientes se hacía al parecer en función de cada caso y en muchos de ellos no se correspondía con lo que luego se cobraba al propietario de la vivienda ilegal.