Hace justo un año el presidente de la Junta de andalucía, José Antonio Griñán, sorprendía a todos al declarar que la comunidad autónoma asumiría la competencia en materia de concesiones durante 2010 ante la polémica surgida por la regularización del sector de los chiringuitos. Sin embargo, la realidad a día de hoy es que sigue en manos del Gobierno central. La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró ayer que "no existe absolutamente ningún problema" con el Gobierno autonómico con respecto a las transferencias de las competencias sobre las gestión y uso del litoral.

El proceso de transferencia que iniciaron entonces ambas administraciones y que coordina el Ministerio de Política Territorial aún no se ha concretado, aunque Espinosa indicó que ha habido varias reuniones de carácter técnico y "se va trabajando para perfilar algunos temas". Como ejemplo, puso el de los recursos humanos y el personal porque "siempre son temas sensibles".

Mientras tanto, la Demarcación de Costas de Málaga continúa con la regularización de las 195 concesiones de los chiringuitos que aún quedan pendientes de tramitar en la provincia. La ministra de Medio Ambiente indicó que "nuestra intención es hacer compatible esta actividad con la normativa", y "vamos muy bien ya que los ayuntamientos están presentando proyectos y otros, incluso, ya tienen la planificación y toda la documentación cerrada".

En cuanto a la posibilidad de cambiar de ubicación o reducir las dimensiones de algunos de los establecimientos ubicados en la playa, insistió en que "no detectamos ningún problema considerable y simplemente algún tema de trámite administrativo", si bien matizó que "seguiremos trabajando con la Junta, ayuntamientos y con hosteleros para ver la solución lo antes posible". Hasta ahora, ya se han concedido 90 autorizaciones en el litoral malagueño que permitirá a los empresarios mantener su actividad al menos durante 15 años. Se calcula que alrededor del 10% de los 322 chiringuitos de la provincia se verán afectados por la Ley de Costas, mientras que el resto podrá permanecer en su ubicación actual.