Víctimas malagueñas 'atadas' a una pulsera antimaltrato: "Se la arrancó y estuvo sin ella una semana, fue un sinvivir"

Málaga ha sido testigo, en poco más de una década, de cómo los dispositivos electrónicos que se colocan a los agresores acusados de violencia machista y con órdenes de alejamiento para que no se acerquen a las víctimas han pasado de ser un recurso esporádico a una medida habitual de protección. Son las polémicas pulseras antimaltrato, ahora en tela de juicio por supuestos fallos de los que ha alertado la Fiscalía General del Estado. De los balances anuales elaborados por el Ministerio de Igualdad se desprende que lo que en 2012 era una herramienta casi testimonial —con apenas 49 dispositivos activos— se ha convertido, 13 años después, en un método que se instala cada vez con mayor frecuencia. Los últimos datos del Gobierno, con fecha de agosto, reflejan que estos sistemas telemáticos protegen de su ex pareja a 147 mujeres en Málaga, 44 menos respecto a agosto de 2024. Todas ellas, en riesgo alto o extremo de volver a ser agredidas.

Detrás de cada número hay vidas que se rompen y se recomponen; una de ellas es la de Cielo, que ha compartido con este periódico la crónica íntima de lo que significa depender de un sistema de control para no sentirse desprotegida. Es, a la vez, expresa, su salvador y su amenaza constante.

La mujer recuerda cómo aturdida por el miedo acudió por primera vez en enero de 2023 al Instituto Andaluz de la Mujer. Una vez se activó la maquinaria, un juez impuso una medida de alejamiento a su agresor. Pero la protección que el dispositivo prometía resultó frágil. Según su testimonio, este pasado agosto, el autor consiguió arrancárselo: “Estuvo una semana sin él y fue un sinvivir. Me avisaban de que se acercaba hasta donde yo estaba”, apostilla.

La experiencia de esos días fue, reconoce, demoledora: escolta policial, vehículos que la acompañaban a casa, y la sensación permanente de no poder descansar. “Yo necesitaba dormir”, afirma la víctima. Y recuerda, además, las secuelas psicológicas que le dejaron los dos años de malos tratos: sufrió una angina de pecho y mareos que la mantienen encamada durante días. “Cuando me llaman me pongo muy nerviosa. Se me viene todo lo que ocurrió a la mente”, destaca. Y una frase que, pese a todo, no borra la angustia que padeció aquella semana: “Tranquila, la policía contigo”.

Cielo atestigua también problemas logísticos con el sistema de alertas: lleva encima dos teléfonos, uno, que la pone en contacto con su policía protector y otro conectado a Cometa —el sistema que avisa cuando se dan incidencias—.

La mujer agradece la atención continua que recibe. Tiene grabada a fuego una escena concreta en que, al entrar en una clínica de rehabilitación, la Policía la avisó de que su agresor estaba muy cerca. Entonces, la respuesta policial fue inmediata: “Vinieron unos 20 agentes… Y me dijeron: ‘No entres, quédate ahí’, hasta que escuché que ya lo habían detenido”.

Su historia ilustra ciertas debilidades prácticas de estos aparatos: la posibilidad de manipulación o rotura del dispositivo, la ansiedad constante que generan las notificaciones y la dependencia emocional. Cielo habla desde su refugio en la costa granadina, a la espera de juicio, confiada en ver entre rejas a su agresor. Su testimonio da cuenta además de un régimen de terror físico y psicológico al que estuvo sometida, con palizas casi diarias, a ella y a su perra, amenazas de muerte y una hospitalización. “Yo le juraba a los médicos que me había caído de espalda y me preguntaban: ¿has visto cómo te han dejado el cráneo y la espalda? Estuve a punto de perder un riñón”, recuerda. Antes, la había intentado estrangular.

Hay que remarcar que las pulseras funcionan: ninguna de sus beneficiarias ha sido asesinada mientras portaba el dispositivo desde que se activaron, en 2009. Y también que no se puede garantizar la criminalidad cero ni la tecnología infalible. Entre 2012 y 2017, la instalación de pulseras antimaltratadores se mantuvo en una franja estable, con entre 43 y 58. Una cifra discreta que, sin embargo, dio un vuelco en 2018, cuando se registró un salto histórico hasta los 349 aparatos, un récord que rompió la tendencia y que se interpretó entonces como el resultado de cambios normativos.

Tras ese pico, la estadística volvió a estabilizarse, aunque en niveles más altos que en los primeros años. Entre 2019 y 2021 las cifras oscilaron entre los 67 y 111 dispositivos, reflejando que la herramienta ya había entrado en la rutina de los tribunales. La etapa más reciente confirma esa consolidación. En 2022 se instalaron 107 pulseras de protección, que se dispararon hasta 177 en 2023. El año 2024 cerró con 176, y en 2025, ya se contabilizan 147, lo que apunta a un cierre de ejercicio muy similar a los anteriores.

Denuncian fallos de cobertura en zonas del interior

Si bien subraya que en Málaga los investigadores no han detectado fallos en las pulseras telemáticas que protegen a maltratadas de su ex pareja, la coordinadora general del Sindicato Reformista de Policías, Mariló Valencia, advierte de problemas en zonas rurales, en el interior de la provincia, con déficit de cobertura. También, a su juicio, debe mejorarse el protocolo actual de comunicación con Cometa –el sistema de control que avisa de incidencias– cuando se tiene que hacer un seguimiento al autor. “Los policías no pueden estar mandando un correo para saber dónde está ubicado. Debe haber un teléfono al que, en casos de riesgo alto, se proceda a llamar para controlar a esa persona durante un tiempo, sin tener que solicitar la información por vía telemática”, reivindica Valencia. Asimismo, insiste en la necesidad de aumentar las cifras de agentes. “Cada policía protege a casi 100 mujeres; lo normal sería unas 40 o 50”, denuncia la representante sindical.