Vivienda, cohesión social y democracia

El hijo de un amigo y su pareja vivía en un piso de calle Carreteria de dos habitaciones y unos 55 metros cuadrados y pagaba durante cinco años 750 euros al mes que se han ido actualizando anualmente con las referencias gubernamentales. Al cumplir los cinco años de la firma del contrato, y haciéndose realidad sus temores, el propietario le ofreció renovar por el doble, o sea 1.500 euros. Ahora viven en un alquiler temporal de menos de un año en Puerto de la Torre por 950 euros y sus vidas se han llenado de angustia e incertidumbre. Un matrimonio jubilado vive en una bocacalle de Armengual de la Mota en un piso también de dos dormitorios y pagan 500 euros al mes. En unos meses le vencen los cinco años de contrato y con sus bajas pensiones no puede pagar los 1.000 euros que les han solicitado, su capacidad económica es escasa y las posibilidades de buscar una nueva vivienda a su edad es muy complicada. Una pareja joven con una niña ya abandonó su vivienda de calle Andrés Pérez, cerca de la de sus padres, por similares motivos. Una pareja danesa encantada de vivir en Málaga y evidentemente con mayor poder adquisitivo les ha sustituido. Al pasar el otro día por Echevarría de El Palo, una amiga me comentó que vendían un piso en una quinta planta de 90 metros cuadrados por 800.000 euros, mostrándome su sorpresa por lo elevado del precio. Le recordé que esas viviendas eran originalmente de VPO y que, si no se hubiesen desclasificado, su precio no debería superar los 300.000 euros.

Estos cuatro ejemplos suceden a diario en Málaga al igual que otras ciudades, evidenciando la vulnerabilidad que produce la emergencia habitacional en amplios segmentos de la población. A la gentrificación inicial debida a la presión turística se ha sumado la de personas, españolas o extranjeras, que han encontrado en Málaga un lugar agradable para vivir. El problema es que estamos asistiendo a un proceso de degradación de la calidad de vida para los residentes originales que simplemente están siendo expulsados de sus viviendas y barrios. Y no ocurre solamente en el Centro Histórico y sus arrabales, es un proceso que se extiende a toda la ciudad, desde Pedregalejo y El Limonar hasta Huelin o Jardín de la Abadía.

Resolver esta situación que se añade a la falta de vivienda asequible en el conjunto de la ciudad no será nada fácil, ya que es una situación muy complicada donde se acumulan décadas de inacción y autocomplacencia de las diferentes administraciones públicas. Podemos implementar nuevas medidas para ampliar la oferta de viviendas de VPO como está haciendo el Ayuntamiento de Málaga, establecer zonas de vivienda tensionada para regular los alquileres, acotar las viviendas y la presión turística, o destinar suelo dotacional a viviendas en régimen de VPO en alquiler como propone el Decreto de la Junta de Andalucía. Pero no avanzaremos mucho si no miramos hacia atrás y comprendemos los grandes errores cometidos en el pasado y que nos dejan en esta situación de vulnerabilidad colectiva.

Estamos asistiendo a un proceso de degradación de la calidad de vida

En 1998 se aprobó la entonces nueva ley del suelo que permitía urbanizar todo tipo de suelos excepto el no urbanizable protegido. Se rompió el sistema centenario del urbanismo español de crecimiento de las ciudades en forma de mancha de aceite, posibilitando urbanizar suelos distantes de la ciudad consolidada, cuyas infraestructuras de comunicación las pagaron evidentemente las arcas públicas. El mantra de la época era que el aumento de la oferta de viviendas bajaría los precios de la vivienda. Sabemos cómo acabo la historia, en una producción inusitada de viviendas en una espiral de precios que acabó con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la recesión de 2008 (en 2006 se visaron por el Colegio de Arquitectos en Málaga 7.303 viviendas y en la provincia 45.661, en 2024, 2.937 y 8.902 viviendas respectivamente). Lo lamentable de aquella siniestra experiencia es que 20 años después todavía hay partidos políticos que repiten el falso mantra de que aumentado la oferta de vivienda bajan los precios, como si el mercado inmobiliario no fuera rígido e inelástico.

Por aquellos años la desregularización de todo lo público, tarea en la que se implicaron con ahínco los dos grandes partidos españoles, posibilitó que cientos de miles en Málaga y millones en España de viviendas de protección oficial que se habían financiado con fondos públicos se privatizasen. No teníamos un fondo de viviendas públicas en alquiler como otros países europeos, pero sí 6 millones de VPO que a buen seguro hubiesen contenido el actual aumento vertiginoso de los precios. Sin embargo, las nuevas viviendas de VPO que se realizan al cabo de 7 o 10 años, según sus características, se pueden privatizar y duplicar o triplicar su precio. ¿Hemos perdido la cordura, qué estamos haciendo?

Con la emergencia habitacional nos jugamos ser un país próspero y moderno

En la ola privatizadora y como consecuencia de la recesión desapareció la banca hipotecaria pública y las Cajas de Ahorro que debían destinar una parte de sus inversiones a vivienda como por ley hacen en algunos países europeos tan lejanos y extremados políticamente como Francia. En el rescate a la banca que costó un mínimo de 75.000 millones de euros, bien se podía haber negociado la incorporación de miles de viviendas o suelos para empezar a acumular un patrimonio público, pero parece ser que a nadie se lo ocurrió en aquellos momentos.

La implantación de zonas tensionadas creo que es una necesidad urgente en Málaga, y que debe ser uno más del conjunto de medidas que se empleen para acceder a una vivienda asequible. Un mercado que no funciona no puede ser elevado a la categoría de adoración para disimular situaciones tan dolorosas e injustas como las descritas al principio, ni puede ser excusa para la especulación más brutal. Sabemos de fuentes académicas que la contención de precios ha funcionado en Barcelona, no nos desvíen la atención con informes interesados de empresas vinculadas al negocio inmobiliario. Los precios han bajado un 6,7% en el último año, y eso es muy importante cuando en Málaga han aumentado un 24%. Habrá que mejorar la regulación de viviendas turísticas, de alquiler temporal o de habitaciones, como en Cataluña se ha empezado a hacer para evitar los agujeros legales por donde escaparse, pero es un hecho que la regulación ha funcionado, como en otras muchas ciudades europeas.

Con la emergencia habitacional nos jugamos algo más que el complicado acceso a una vivienda asequible por parte de la población, especialmente los jóvenes, nos jugamos ser un país próspero, moderno, y cohesionado socialmente, elemento básico del estado del bienestar y de la única democracia que conocemos.