Málaga

Las viviendas turísticas en Andalucía deberán tener sonómetro para controlar el ruido

Turistas junto a cajetines con llaves de pisos turísticos.

Turistas junto a cajetines con llaves de pisos turísticos. / Javier Albiñana

La Junta de Andalucía ha publicado el borrador de la nueva ley que ordenará las viviendas turísticas –que pasan de llamarse con fines turísticos a de uso turístico– y que permitirá que los ayuntamientos regulen, siempre "de forma justificada" este tipo de pisos vía planes urbanísticos, como adelantó este medio en febrero. Además, les obligará, en caso de que el texto final se mantenga una vez aprobado el decreto, a instalar sonómetros en el interior para controlar el ruido y evitar problemas de convivencia con los vecinos. 

Mantiene el texto, a su vez, la posibilidad de las comunidades de vecinos de prohibir, de la misma manera, esta figura dentro de sus bloques. Pero no es lo único que incorpora la Junta de Andalucía, que también ampara a las gestoras profesionales, permitiendo que tengan más de dos pisos turísticos en cartera, el número máximo que permite el texto a los propietarios particulares por cada provincia -es decir, un propietario podría gestionar dos viviendas turísticas en Málaga y otras dos en Cádiz sin incumplir ninguna norma, pero no podría tener dos en Torrox y dos en Marbella, por ejemplo–. 

El nuevo documento sigue la línea de lo pedido por el alcalde de Málaga en el último año, que ya intentó implantar los sonómetros el verano pasado, chocando con la pared de la falta de competencias. Que exigía a la Junta primura en una entrevista reciente con este medio a la hora de avanzar con el texto. El alcalde también se ha mostrado partidario de la regulación en cientos puntos de la ciudad, "una vez se estudie en qué zonas puede afectar a tensionar los alquileres", para lo que ha asegurado en más de una ocasión estar poco menos que maniatado hasta que no tenga un marco autonómico al que aferrarse. 

Además, establecen unos mínimos necesarios a la hora de alojar a turistas, como ventilación y luz natural, calefacción y acondicionamiento; un mínimo de 14 metros cuadrados por plaza ofertada, así como un número mínimo de baños por plazas– o la obligación de tener cocina o de tomar los datos de los huéspedes, como ya hacen en hoteles y apartamentos turísticos. 

Los profesionales, "contentos", pero avisan, "no es un cheque en blanco"

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) se muestra contenta con el borrador del decreto sobre viviendas con fines turísticos de la Junta de Andalucía cuya tramitación se acaba de iniciar y del que ya se conoce su contenido. “Se ha hecho bien porque se ha contado con el sector, y en todo momento hemos participado”, asegura el presidente de AVVAPro, Carlos Pérez-Lanzac, que subraya que es lo opuesto al anterior proyecto elaborado por el entonces consejero de Turismo Juan Marín. “La norma ha perseguido establecer un equilibrio para los ayuntamientos en los distintos usos, según la casuística y realidad de cada territorio, teniendo en cuenta lo heterogénea que es Andalucía como destino rico y diversificado”.

En opinión de Pérez-Lanzac, lo más valorable que aporta el decreto son los criterios de calidad, garantía jurídica y profesionalización del sector. “Estamos contentos con el decreto, la definición del gestor es un paso importantísimo para la profesionalización; al quedar definida esta figura se dará más garantías al propietario del inmueble, al gestor y al propio turista. También en la interlocución con la administración”.

Desde la asociación están a favor de dotar a la ayuntamientos de la potestad de regular el sector en su territorio, pero avisan: "No es un cheque en blanco, los ayuntamientos tendrán que justificar muy bien por qué toman determinadas medidas, con criterios de proporcionalidad y necesidad que deberán ser justificados”, asegura Pérez-Lanzac, que recuerda que AVVAPro tiene demandas en curso contra los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz por aprobar en los últimos meses normativas contrarias a los alojamientos turísticos sin atender a criterios de proporcionalidad ni de interés general.

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