La crisis que ha provocado el coronavirus COVID-19 ha declarado el estado de alerta en el país y siguen sumándose renuncias a la vida cotidiana, la última la suspensión de las procesiones de Semana Santa en la capital de la Costa del Sol. En esta situación, el pasado miércoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indicó una serie de medidas a tener en cuenta por los juzgados peor ésas no pasan por la suspensión de causas, de momento. El Málaga, que sigue inmerso su particular odisea de procesos judiciales, puede ver como los plazos se alargan en función de las necesidades de los juzgados en los que tiene causas. El impás que se vive en estos momentos, hace que no sea descartable un cierre o una disminución en el volumen de trabajo de los juzgados. La comparecencia de la familia Al-Thani prevista para el 15 de abril parece a día de hoy imposible si no es por videoconferencia.

En la Comunidad de Madrid, el cierre de los juzgados puede estar cercano. Algunos medios informan de que en localidades como Parla y Getafe ya se han cerrado y de que otros como los de plaza de Castilla en la capital del país no permiten el acceso normal al público. La comunidad madrileña es la más afectada por el brote de COVID-19 y marca la punta de lanza de las medidas de precaución. Con las directrices del CGPJ, la decisión de alterar el funcionamiento normal es de los juzgados de cada lugar. En Málaga, el avance de la epidemia no es distinto al de otros lugares y las medidas en torno a este tipo de edificios públicos están al llegar.

Además, queda por resolverse el recurso de los propietarios del Málaga a la sentencia por el caso Blue-Bay. Cuatro meses después de que fuese presentado, aún no hay una resolución definitiva y este documento podría cambiar en algo las responsabilidades y acciones que se lleven a cabo en la actual intervención judicial del conjunto de la capital de la Costa del Sol.

De momento, el Málaga deberá de esperar novedades con más paciencia que en otras ocasiones y adelantarse a los acontecimientos en la puesta a punto que se supone se está realizando desde que la jueza que lleva la querella de los pequeños accionistas contra el jeque Al-Thani pusiese al mando del equipo a un trabajador de la administración pública. A la espera de saber la repercusión económica del parón por el COVID-19 y si la ausencia de competición será pasajera o definitiva en esta temporada, aún hay planificación por hacer.

Si la crisis provoca que se extiendan las vistas en el tiempo y que las competiciones permanezcan congeladas, supondrá un borrón en la hoja de ruta del club blanquiazul para salir del barro. Todas las partes ganarán tiempo para defender sus posturas y tratar de resolver los requerimientos de la competición que también verán como es más que probable que cambien los parámetros de ingresos para la temporada que viene. Las viejas cuentas quedarán por saldar y está por ver si se producen retrasos excesivamente grandes o si todo sigue su curso como estaba previsto, que es otra posibilidad por rara que parezca.

Esta semana que entra será clave para calibrar las decisiones de los órganos judiciales con respecto a su funcionamiento. Al-Thani ya faltó al último requerimiento por parte de la jueza y el próximo previsto para el 15 de abril se antoja difícil de cumplir en persona. Los plazos más optimistas hablan de un mes para contener el virus y los viajes entre países siguen cerrándose paulatinamente. La videoconferencia sería la manera más viable si es que la instrucción de la causa sigue adelante.