El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no admite a trámite la querella presentada por Dumet Grayeb contra la magistrada María de los Ángeles Ruiz González, del Juzgado de Instrucción Nº14 de Málaga, en relación con su desempeño en el caso Al-Thani, investigado desde hace varios años, según informó Sur y pudo saber este diario. El querellante cuenta con un corto plazo de tres días para presentar un recurso. 

Grayeb utilizó esta vía después de haber sido expulsado del caso hace unos meses por considerar la magistrada que la acción que posee no es válida y no puede formar parte de los afectados. El TSJA pidió información adicional a la jueza y a la fiscalía antes de tomar una decisión. Ruiz González decidió entonces de tomar decisiones de calado con respecto al caso principal que afecta al Málaga hasta que no hubiese una respuesta del tribunal andaluz.

"Dada cuenta; Visto el contenido de la Diligencia extendida por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, y presentada que fue en el día de ayer ante la Presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga, escrito suscrito por esta Magistrada planteando Abstención; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.2 LOPJ, se acuerda la suspensión de la causa en tanto no se resuelva por la Sala Competente de la Audiencia Provincial o transcurra el plazo previsto por la LOPJ", firmó Ruiz González.

Otro lío para Jamal Satli Iglesias

Jamal Satli Iglesias, propietario de BlueBay, la empresa hotelera que detenta casi la mitad de la propiedad del Málaga CF, en un proceso recurrido por Al-Thani que ahora mismo está paralizado a expensas de los avances judiciales, fue detenido el miércoles 6 de julio por las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. El motivo, una orden de detención internacional por una presunta estafa emitida desde Emiratos Árabes Unidos y cometida con el país asiático.

Tras pasar a disposición el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -que evaluará los siguientes pasos en el proceso- el mismo día del arresto, el órgano, durante la vista, acordó su puesta en libertad, ya que no hubo petición de prisión parte de la Fiscalía. Si bien, fuentes jurídicas explican a este periódico que el juez estableció una serie de medidas cautelares, como la obligación por parte del investigado de informar sobre la dirección de su domicilio y facilitar su teléfono móvil, así como comparecer en dependencias judiciales todos los meses.