Jamal Satli Iglesias, propietario de BlueBay, la empresa hotelera que detenta casi la mitad de la propiedad del Málaga CF, en un proceso recurrido por Al-Thani que ahora mismo está paralizado a expensas de los avances judiciales, fue detenido este miércoles por las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. El motivo, una orden de detención internacional por una presunta estafa emitida desde Emiratos Árabes Unidos y cometida con el país asiático.

Tras pasar a disposición el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -que evaluará los siguientes pasos en el proceso- el mismo día del arresto, el órgano, durante la vista, acordó su puesta en libertad, ya que no hubo petición de prisión parte de la Fiscalía. Si bien, fuentes jurídicas explican a este periódico que el juez estableció una serie de medidas cautelares, como la obligación por parte del investigado de informar sobre la dirección de su domicilio y facilitar su teléfono móvil, así como comparecer en dependencias judiciales todos los meses.

A través de la sociedad Management Empresarial, Satli Iglesias es poseedor del 49% con BlueBay de las acciones de la sociedad NAS Spain 2000 en unión con el jeque Abdullah Al-Thani, con el 51% dentro un paquete de títulos que comprendían la mayoría del Málaga CF. El litigio entre ambas partes dura años y se encuentra en su fase definitiva a la espera de lo que se dictamine tras el recurso de casación al Tribunal Supremo que presentó la defensa de los cataríes tiempo atrás. En sus tiempos beligerante con la situación del Málaga, BlueBay ha mantenido ahora un perfil más bajo pese al desastre deportivo de la situación del club de Martiricos. Sí pidió el fin de la administración judicial y emitió un comunicado a mediados de junio en el que atacaba a José María Muñoz y a la jueza Ruiz González. "Creemos que está costando demasiado asumir con humildad un fracaso de esta gestión; las consecuencias de las decisiones ineficaces son las que son; a los resultados nos remitimos y el problema lo tenemos encima de la mesa, el deterioro patrimonial del club es ya un hecho", decía en un escrito entonces.

¿Cómo puede afectar al Málaga este nuevo avatar? Judicialmente hay un parón por la denuncia presentada por Dumet Grayeb después de que fuera expulsado de la causa contra los Al-Thani. Pero es posible la venta. Pasaría, en primera instancia, por la devolución de Al-Thani de los nueve millones de euros, la fianza que la jueza Ruiz González, que instruye el caso por presuntos delitos de administración, societario y de blanqueo de capitales de la familia, impuso en su momento. Eso le permitiría volver a tener el control del club y proceder a la venta de su parte, ahora mismo el 51%. El resto pertenece a BlueBay y pequeños accionistas. En el caso de la empresa hotelera, que tras un préstamo al club devuelto a los pocos meses se hizo con el control de casi la mitad a través de la sociedad NAS Spain 2000 que se creó con los Al-Thani, el jeque tiene recurrido al Tribunal Supremo la sentencia que le favorecía a la empresa de Satli Iglesias. En cualquier caso, aunque fuera favorable a BlueBay, el jeque seguiría detentando el máximo de acciones. Otra cuestión serían los delitos y los acuerdos extrajudiciales que pudieran alcanzarse.

Paralelamente, también BlueBay ha tenido proposiciones para ese paquete, por el que no invirtió más que ese préstamo devuelto. El descenso a Primera RFEF ha devaluado obviamente el club al estar en una categoría inferior y menguar de manera drástica sus ingresos. BlueBay tuvo sobre la mesa ofertas en función de si el equipo se mantiene en Segunda o desciende, con un precio un 40% menor, por su paquete. Pero no aceptó.

En el caso Astapa

No es la primera vez que Satli Iglesias se ve involucrado en problemas con la justicia. Recientemente se desvelaba su vinculación con el caso Astapa. Según la información recabada en la investigación, el empresario formaba parte de una de las mayores tramas de corrupción relacionadas con urbanismo y política en España. Se le atribuye un supuesto delito de cohecho activo y se solicita un año de prisión y 6.000 euros.  También en el caso Malaya apareció su nombre.