Uno de los rivales del Málaga en esta temporada en el Grupo 2 de Primera RFEF, el Real Madrid Castilla, se ha visto salpicado por un escándalo grave tras la detención por parte de la Guardia Civil de tres futbolistas de la cantera blanca (uno del filial y otros dos del tercer equipo) por difundir por Whatsapp un vídeo de contenido sexual de una menor de 16 años de edad.

Los tres jugadores canteranos del Real Madrid detenidos este jueves por la Guardia Civil fueron puestos en libertad tras haber realizado el volcado de sus teléfonos móviles. Según fuentes de la Guardia Civil, hay un cuarto investigado que no ha sido detenido. Los hechos ocurrieron en Mogán (Gran Canaria) a principios de verano y fueron denunciados por la madre de la menor el 6 de septiembre ante la Guardia Civil.

La madre, acompañada de su hija, denunció en Santa María de Guía (Las Palmas) la existencia de unas grabaciones que contenían relaciones sexuales consentidas de su hija, pero que fueron grabadas sin su consentimiento y ahora ha tenido conocimiento de que están circulando por ahí.

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ordenó a la Guardia Civil que pusiera a disposición judicial a varias personas, mayores de edad, y pertenecientes a categorías inferiores del Real Madrid a los que se les han intervenido los dispositivos móviles para su volcado.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que las detenciones fueron practicadas por un posible delito de revelación de secretos de índole sexual y no por agresión, ya que las relaciones fueron consentidas, no así la difusión de las grabaciones.

El Real Madrid ha hecho público un comunicado este jueves en el que asegura que "adoptará las medidas oportunas" cuando "tenga conocimiento detallado" de lo sucedido, después de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C hayan prestado declaración ante la Guardia Civil.

El delito de descubrimiento y revelación de secretos se encuentra regulado en los artículos 197 a 201 del Código Penal, que castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.