Era hora de cenar y la policía aún seguía en La Rosaleda, volcando documentación sobre la actividad económica del club. Una vez más, la actualidad del equipo malagueño salta a la información de tribunales. “Confirmamos que la Policía Nacional está interviniendo en las instalaciones del Málaga CF por orden judicial. Significar que las actuaciones están declaradas secretas”, confirmó la Policía Nacional a las 12:12 de la mañana, cuando la información aún no había saltado a los medios. Nueve horas después, la recolección seguía.

Después de que el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que investiga el caso de supuesto apropiación indebida y administración desleal por parte de la familia Al-Thani, solicitase por los cauces habituales la información al club y éste no la facilitase, las policía se encargó de ello durante todo el miércoles. Los datos le servirán a la jueza para seguir reuniendo información en torno a la demanda interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga, que sirvió para detonar el caso.

Tres horas después del anuncio policial, el Málaga sacaba su propio comunicado para “aclarar lo acontecido” en el estadio malagueño. “La Policía Judicial ha acudido a las oficinas solicitando información en relación a un procedimiento el cual está bajo secreto de sumario, no se trata de una orden de entrada y registro”, decía textualmente el arranque de dicho documento que contradecía la versión oficial de la propia. La nota sigue haciendo referencia a que el club “ha colaborado en todo momento de buena fe atendiendo las peticiones que han realizado los agentes”.

Así las cosas, gran parte de los medios de comunicación de la cuidad, algunas cadenas nacionales y muy pocos curiosos pasaron la hora del almuerzo montando guardia en los alrededores del estadio de la avenida de Martiricos. Todo parecía tranquilo, ningún representante del club apareció para explicar nada. Con el director general del Málaga, Richard Shaheen fuera de la capital de la Costa del Sol, el comunicado que enfrentaba a la comunicación policial fue lo único que aportó el equipo en otro día extraño en la vida diaria de una sociedad anónima deportiva.

Ahora está por ver si entre la documentación que los miembros policiales pudieron recabar de La Rosaleda está la requerida por la jueza a la escuadra malacitana y, si es así, en qué repercutirá en el proceso judicial. Si hace pocos días la propia instructora del caso desechaba las medidas cautelares propuestas por la APA que pretendían la intervención del equipo, la información recogida durante la jornada del miércoles podría suponer novedades en la instrucción de la causa. En cualquier caso, cotejar y confirmar los datos –se presupone que el volumen de información tomada por el Juzgado es grande– que sustentan el engranaje económico blanquiazul llevará tiempo.

Hay otros plazos: Abdullah bin Nasser Al-Thani y tres de sus hijos sus hijos están citados para declarar por el mismo juzgado el próximo 18 de febrero a las 10:15 horas. Está por ver si la familia y a la vez cúpula directiva del Málaga acudirán al juzgado.

En medio de éste panorama, el presidente de la LFP, Javier Tebas, también mandó un mensaje sobre el equipo andaluz: “Ya veremos. En tesorería sabemos que el Málaga tiene para aguantar cumpliendo sus pagos perfectamente hasta final de febrero y principios de marzo”. El tiempo corre muy deprisa en Martiricos, las soluciones a la crisis institucional del equipo no son tan veloces.