Conflicto en la urbanización Cabopino de Marbella por la sucesión de la administradora
La Policía Nacional interviene tras una disputa entre los vecinos
Investigada por delito contra el patrimonio la mujer del exalcalde de Mijas
Problemas en la urbanización de lujo Cabopino: reclaman judicialmente las cuentas a la administración, que ejerce la esposa de Nozal
La jueza deriva a la mediación una denuncia vecinal por el cómputo de las votaciones en la comunidad de Cabopino, en Marbella
Marbella/La Policía Nacional ha intervenido este martes en la urbanización Cabopino de Marbella por un conflicto entre los vecinos derivado de la sucesión de la administradora de fincas, tras celebrar una reunión para su expulsión, mientras que la gestora y mujer del exalcalde de Mijas y candidato a la Alcaldía por el PP de esta localidad, Michelle Van Gaalen, sostiene que la junta es “ilegal”.
Así, 4 agentes han acudido esta mañana a las oficinas de la comunidad, tras personarse en sus instalaciones Van Gaalen para mantener una reunión, lo que ha declinado en una disputa con varios vecinos y en la personación de los efectivos, que “han identificado a las partes” en el marco de un conflicto en el que “hay denuncias previas ya judicializadas”, según han destacado desde la Policía Nacional, ya que lamujer del exalcalde está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella por presuntos “delitos contra el patrimonio” de la comunidad de Cabopino.
La vicepresidenta de la comunidad, María Isabel Gómez, ha relatado que esta mañana han acudido a la oficina para pedir “unos datos” cuando “se ha presentado la anterior administradora diciendo que no nos reconoce”. Según ha denunciado, Van Gaalen “se ha metido en la oficina con el ordenador a grabar -supuestamente- todos los datos” porque “quiere borrar toda la información para que no podamos acceder a ella”. “Hemos estado intentando mediar, pero la cosa se ha puesto violenta, se ha llamado a la policía y ha considerado que deben desalojar”.
Por su parte, Van Gaalen ha justificado su presencia debido a “una reunión con el vicepresidente y un miembro de la junta directiva para tratar asuntos que tenemos que tratar en una comunidad”. Allí, ha asegurado que varios vecinos “me han increpado, chillado e insultado, que me vaya”, por lo que ha llamado a la policía, que “ha mediado y ha rogado a las dos partes que dejaran a la empleada sola y que nos fuéramos”.
Por otro lado, ha negado que haya sustraído o borrado informaciones de la comunidad: “Yo he ido con mi pincho para conectarme a internet”, asegurando que accede a la “base de datos” de su empresa. “Me llevo mi portátil y me conecto con mi oficina, que tengo ahí toda la información que me hace falta”, ha referido.
Un "grupo de propietarios" celebra una junta extraordinaria
El pasado domingo, un “grupo de propietarios” celebró una junta extraordinaria tras recabar el “más del 25% del coeficiente y una cuarta parte”, en la que se acordó realizar “una auditoría de las cuentas de los últimos 5 años” o el “cese de la administradora y el presidente”, según abogado, Antonio Jesús Doblas, quien ha defendido la legalidad tras acreditar el quorum necesario y no existir en la ley “un plazo para -convocar- la junta extraordinaria”, ni contemplarse en los estatutos propios cuando no la convoca el presidente.
Por su parte, Van Gaalen ha aseverado que la junta extraordinaria es “ilegal” porque “no se ha enviado a todos los propietarios” y “no se hace en el plazo que estipulan los estatutos”. “La invitación tiene que llegar a todos los propietarios, no a un número limitado, y los estatutos dicen que tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias tienen que tener un plazo de 21 días”. De este modo, ha considerado que el cese “no es efectivo”, por lo que hay una reunión para el 20 de mayo.
Van Gaalen está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella por un presuntos “delitos contra el patrimonio” de la comunidad de Cabopino, a causa de una denuncia interpuesta por varios comuneros el pasado mes de noviembre por “una posible y supuesta falsedad documental y contable” en las cuentas, según explicó la representación legal, Antonio Jesús Doblas.
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