Marbella volverá a sacar a licitación la redacción del PGOU en dos meses
Urbanismo
l El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales suspendió el pasado viernes la adjudicación a la empresa sevillana Buró4
El Ayuntamiento de Marbella tardará unos dos meses en volver a sacar a licitación la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales suspendiera el pasado viernes la adjudicación de la redacción del documento a la empresa sevillana Buró4 tras estimar parcialmente las alegaciones presentadas por los otros dos despachos que optaron al contrato: el estudio de arquitectura Territorio y Ciudad que dirige Manuel González Fustegueras, autor del PGOU de Marbella de 2010, y el estudio madrileño Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio.
“La voluntad del Ayuntamiento es redactar cuanto antes el PGOU. Se trata de una prioridad para el Consistorio y el equipo de gobierno. Adoptaremos las cautelas pertinentes para que la licitación sea una realidad a la mayor brevedad posible”, manifestó el portavoz municipal, Félix Romero, que ha restado importancia a este nuevo retraso en el proceso para la normalización urbanística del municipio.
Así, según el edil la resolución del tribunal administrativo es “un retraso momentáneo, lo que no nos parece positivo”, pero aseguró que “no se trata de una demora excesivamente grande”. En este sentido, indicó que los pliegos de contratación para elegir al nuevo equipo redactor que elabore el nuevo PGOU después de que el Tribunal Supremo anulara en 2015 el plan de 2010, entre otros motivos, por no cumplir las normas de evaluación de los efectos medioambientales y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica, lo que motivó que el municipio tuviera que recuperar el Plan del año 1986.
“Están hechos y deberán incuir las modificaciones que nos han dicho desde el tribunal”, por lo que espera que el nuevo pliego pueda estar listo antes de que termine el verano para salir de nuevo a licitación.
“A la mayor brevedad posible estaremos en disposición de plantear esa nueva disposición. La mayor o menor brevedad del plazo dependerá de lo que nos digan los técnicos, pero no debe ir mucho más allá del mes o de un par de meses”, agregó.
En cuanto a la concesión de nuevas licencias urbanísticas, Romero recordó que estas se otorgan en base al PGOU del 86 y su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que no se verán afectadas.
Por último, en relación a las críticas de Adelante Andalucía sobre la futura sede del Palacio de Justicia, en el edificio sin terminar que se encuentra en el entorno del Hospital Costa del Sol, Romero explicó que el Ayuntamiento está a la espera de recibir la correspondiente autorización por parte del Ministerio de Fomento para realizar una modificación urbanística de elementos de la parcela previa a la cesión de la misma a la Junta de Andalucía para su posterior rehabilitación como futura sede judicial.
Constitución irregular del tribunal
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dejó sin efecto la adjudicación del nuevo documento urbanístico, entre otros motivos, por la ampliación del plazo de presentación de las ofertas en una semana apenas unas horas antes de su finalización, estimando así la petición realizada por Fustegueras, que quedó segundo en el proceso.
También alegó la indebida constitución del tribunal dado que entre sus miembros titulares no se designa un jurista especializado en contratación pública, y que en el ejercicio de sus funciones han actuado tanto los titulares como suplentes, señalando que la composición se ha producido “informalmente, sin modificación del acuerdo de designación, sin publicitar el cambio y sin notificarlo a las empresas concurrentes”.
Al mismo tiempo, la resolución también da la razón al estudio jerezano en la ruptura del principio de igualdad de trato entre los licitadores, en la imposibilidad de que las mejoras en un procedimiento de adjudicación abierto tuvieran una valoración superior al 2,5%, y cuestiona la acreditación por parte de la adjudicataria de los requisitos mínimos de solvencia técnica.
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