El secretario de Organización provincial del PSOE de Málaga, José Bernal, ha pedido este miércoles explicaciones a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por “las relaciones que tiene el Ayuntamiento” con sociedades salpicadas por la ‘trama sueca’, en la que está procesado su hijastro, Joakim Broberg, tras conocer que el fiscal ha pedido para éste 22 años de prisión y 30 millones de euros por su presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas.

Bernal ha hecho alusión al escrito de acusación del fiscal, dado a conocer ayer martes El País, destacando que en el documento el Ministerio Público “está hablando de 2 sociedades que se utilizaron -presuntamente- para blanquear dinero”, las cuales ha agregado el socialista que supuestamente “han alcanzado contratos con el Ayuntamiento de Marbella, ambas por un valor de 1,5 millones de euros”.

“Muñoz tiene que explicar por qué esas sociedades que solo y exclusivamente han llegado a contratos con el Ayuntamiento de Marbella y no con otra institución, tienen esa relación contractual con el Ayuntamiento y se encuentran dentro de las sociedades que se han utilizado para blanquear capital procedente del narcotráfico” supuestamente.

Por otro lado, el socialista ha apuntado que “debería de dar una explicación el señor Manuel García-Castellón”, que instruye el caso en la Audiencia Nacional, porque “no ve ningún tipo de indicio, pero sin embargo solamente con una llamada cruzada sí ha encontrado terrorismo en Cataluña”.

“Queremos saber por qué fueron a parar esos 1,5 millones de euros a 2 sociedades del hijastro de la señora Muñoz y detrás de todo ello un -presunto- blanqueo de capitales que también le afecta directamente” a la alcaldesa, ha recalcado Bernal.

En este sentido, ha recordado que la regidora “formó parte de la herencia del marido ya fallecido” en marzo del pasado año, en base a “una serie de propiedades y de bienes muebles e inmuebles dentro de su declaración que no estaban anteriormente”, ha referido el socialista en relación a la declaración de bienes de Muñoz publicada en el Ayuntamiento.

Por ello, ha cuestionado que si “el capital del marido, como confirma el propio informe del fiscal, parte de ello es proveniente del narcotráfico” supuestamente, “ya blanqueado se puede heredar sin que tenga que haber ningún tipo de control por medio de la Judicatura”.

Contratos de Codecosol

En cuanto a los contratos de obras adjudicados por el Ayuntamiento de Marbella a la empresa Codecosol, que solicitó el PSOE el pasado año por la vía judicial y que el equipo de Gobierno informó en abril de que había “dedicada una empresa a digitalizar esa información”, según el portavoz, Félix Romero; Bernal ha afirmado que los expedientes “no se digitalizaron”.

“Llegaron los expedientes cuando ya había caducado el plazo para poder presentar en este caso una querella, por lo tanto, esperaron a la prescripción del delito” supuesto para trasladar la información, ha relatado el socialista.

Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella no ha dado una respuesta a las declaraciones del PSOE, ni ha ofrecido una reacción ante la información publicada.

Escrito de acusación

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal pide para Joakim Broberg 22 años de cárcel por presuntos delitos de organización criminal, contra la salud pública y de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Según la Agencia Efe, el fiscal mantiene que Broberg, para facilitar la comisión de las actividades de ocultación del origen de los fondos con los que efectuaba sus actividades empresariales y de inversión, contó con la colaboración de su padre, el empresario sueco Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa, si bien no fue enjuiciado en atención a los problemas de salud que derivaron en su fallecimiento en marzo del pasado año.

De las pesquisas se desprende que tras diferentes operaciones el hijastro de la alcaldesa y sus colaboradores blanquearon de manera presunta más de siete millones de euros, con sus actividades empresariales y de inversión en el sector inmobiliario y en la venta de oro. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que se le condene a 30 millones de euros de multa.