El documento de evaluación ambiental estratégica inicial elaborado por la UTE Ibermad y Buró4 considera “viables” las alternativas de “crecimiento” y “ocupación” que presenta el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, el cual será llevado a Pleno el próximo mes de septiembre, según ha destacado el director general de Urbanismo y Vivienda, José María Morente.

Así, el experto ha señalado que el estudio realizado por la UTE “en coordinación con la Oficina del Plan General”, tiene como objetivo “valorar el avance desde el punto de vista ambiental” y si las propuestas del mismo “son ambientalmente correctas o no”. 

Morente ha explicado que el Ayuntamiento ha presentado en el avance -que es como un borrador del Plan General aprobado en Pleno por unanimidad en julio-, “cuatro alternativas urbanísticas”, las cuales “tienen el visto bueno del equipo ambiental” y son “técnica y ambientalmente viables”. 

En este sentido, ha detallado que la primera propuesta “contempla una mejora importante del Plan del 86 ajustándolo, pero cauta” y “de mínimos”. La iniciativa considera así crecimientos relativos a “lo que ya está casi en marcha o resulta que es inevitable para llenar huecos”, ha apuntillado. 

Sobre las otras alternativas, denominadas en el avance del PGOU como 2.1, 2.2 y 2.3, ha destacado que “son matices” como “el crecimiento al norte de la autovía solo para operaciones muy estratégicas” o “crecer en determinadas zonas donde no se había pensado por ahora y que se proponen”, ha señalado.

Por otro lado, ha indicado que el “documento inicial ambiental” señala que la “peor” opción es “seguir con el plan que tenemos” -denominada en el avance como ‘Alternativa 0’, ya que el PGOU vigente en la actualidad es el del año 86 y “no se valora ambientalmente” la ciudad. 

Entrando más en detalle, la llamada “Alternativa 1” toma como punto de partida “el modelo del plan vigente”, pero proponiendo los ajustes necesarios para su mejora desde el punto de vista urbanístico, según consta en el avance del PGOU. Entre dichos ajustes, el avance destaca “la propuesta de densificar los núcleos de rango ciudad, lo que acota los posibles desarrollos”, manteniendo “sustancialmente el suelo no urbanizable del plan vigente” y “poniendo el acento en la regeneración de la ciudad consolidada y recomponiendo el actual y disperso modelo de ocupación territorial heredado”. 

Respecto a las “actuaciones irregulares” contempla su incorporación “siempre que se acredite su compatibilidad con el modelo”. 

Por otra parte, el avance propone otra alternativa al modelo propuesto que incluye varias opciones urbanísticas “viables” y que se subdivide en tres. En este sentido, el documento contempla en la ‘Alternativa 2.1’ “la trama urbana hasta el límite de la Autopista AP-7 en las áreas que todavía no se había alcanzado, la parte norte de San Pedro Alcántara, Guadaiza y el entorno a Río Verde, entre Nueva Andalucía y Nagüeles”. 

La alternativa 2.2 es “más ambiciosa que la anterior en cuanto a la ampliación de la ciudad existente” y propone un mayor crecimiento expandiéndola “al este de la urbanización La Torrecilla y los aledaños al centro comercial La Cañada y en la Urbanización Los Molineros”, según se refleja en el avance. 

Mientras, la ‘Alternativa 2.3’ es la “más radical en cuanto a crecimiento”, la cual se basa en “preservar el suelo protegido y liberando todo el suelo urbanizable posible”. En la misma, según consta en el avance del Plan General, “se mantienen como no urbanizables las protecciones ambientales de La Concha y un cinturón de protección a cotas altas hasta Río Verde”. Sin embargo, en la parte norte más al este del municipio “solo se mantiene el suelo no urbanizable forestal”, pasando el resto a “ser propuesto para urbanizable”, por lo que el suelo de este tipo disponible en Río Real, Alicate y La Víbora se vería notablemente incrementado”, según el avance del PGOU. 

El siguiente paso será llevar el “documento inicial estratégico” ambiental al Pleno en septiembre y se remitirá junto con el avance del Plan General a la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, según detalló José María Morente.