Durante el tiempo que Jokamin Peter Brobger, hijastro de la alcaldesa de Marbella, supuestamente lideró una organización dedicada al tráfico de marihuana y hachís al norte de Europa, la Fiscalía sostiene que sobornó a Rafael Gallego Guerrero, policía local en la ciudad. Así, acusa a ambos de un delito de cohecho, solo por el que solicita la pena de cuatro años de prisión.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público asegura que el agente local facilitó al jefe de la banda "información restringida de uso exclusivamente policial". A cambio, el funcionario recibiría supuestamente dinero en efectivo. Aunque la Fiscalía reconoce no haber podido determinar la cantidad que pudo obtener el policía así como la información que se intercambiaran, pues -afirma- que mantenían siempre encuentros personales "para no dejar rastro", detalla en la calificación que Gallego proporcionó datos en 2019 sobre Ivan Cicak, acusado de constituir -junto a cinco más- una organización que mantenía contactos dirigidos a la compaventa de hachís y buscaba modos de transportada la droga.
Asimismo, el Ministerio Público señala que Joakim Broberg, para facilitar sus actividades relacionadas con la ocultación del origen de los fondos con los que efectuaba sus actividades empresariales y de inversión, contó con la colaboración de su padre, el empresario sueco Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa, si bien no fue enjuiciado en atención a los problemas de salud que derivaron en su fallecimiento en marzo del pasado año.
De las pesquisas se desprende que tras diferentes operaciones el hijastro de la alcaldesa y sus colaboradores blanquearon más de siete millones de euros, con sus actividades empresariales y de inversión en el sector inmobiliario y en la venta de oro.
Petición fiscal: 22 años de cárcel y 30 millones de multa
De esta manera, Joakim Broberg se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de prisión y 30 millones de euros. La pena mayor que solicita el fiscal es de once años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud cometido en el seno de una organización de la que era el jefe y que estaba integrada por una treintena de miembros.
Por delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, se pide una pena de siete años de prisión y una multa de 30 millones de euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El fiscal también solicita para Broberg cuatro años de prisión por cohecho, multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, inhabilitación para cargo público y para el derecho de sufragio por diez años, el mismo castigo que reclama para el funcionario de la Policía Local Rafael Gallego.
En lo relativo al delito de cohecho, el Ministerio Público defiende que tales hechos sean juzgados por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Málaga al haber sido presuntamente cometidos en Marbella. Estima que tales hechos "están indiciariamente acreditados y que deben ser objeto de acusación por parte de la Fiscalía, si bien puntualiza que tienen atribuido su enjuiciamiento al tribunal del jurado, conforme a la normativa que lo regula.
El hijastro de Ángeles Muñoz, nacido en Suecia, sobre el que no pesaban antecedentes penales, se encuentra en libertad provisional a la espera del juicio. La Audiencia Nacional confirmó en enero de 2023 el procesamiento del hijastro de la alcaldesa de Marbella, del PP, por lo que dio el visto bueno al auto del juez instructor Manuel García Castellón, en el que procesó a los más de treinta presuntos miembros de esta organización, liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca y asentada en España, que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
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