Marbella abre la puerta a regularizar las viviendas y desarrollos fuera de ordenación de la época del Gil

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes la propuesta final del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un documento urbanístico que determina el suelo urbano y rústico en la ciudad y que abre la puerta a incorporar los desarrollos y viviendas que “estaban fuera de ordenación” de la época del Gil, según ha destacado la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La medida ha salido adelante con el voto favorable del PP y Vox, la abstención de OSP y en contra del PSOE.

En este sentido, Muñoz ha señalado que la regularización de estas construcciones de la época del Gil “es una cuestión trascendental”, subrayando que “muchas veces se olvida el patrimonio de compradores de buena fe que se han visto afectados por esa situación que hemos recibido, y que gracias a este documento se recoge como parte de la propia ciudad”.

“Tenemos una ciudad que apostó por la calidad, y dentro de nuestro modelo de ciudad, esas construcciones y esas viviendas desarrolladas fuera de ordenación están incluidas como parte de un desarrollo normativo dentro de la propia ordenación urbanística”, ha indicado la primera edil.

La regidora ha destacado que Marbella será “la primera ciudad de Andalucía en tener un documento aprobado en Pleno, dentro de la lectura de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)”, que divide el planeamiento urbanístico en dos instrumentos, como son el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU).

Muñoz ha señalado que el PGOM marca “una imagen muy clara de hacia dónde va Marbella”, apuntando que este documento urbanístico determina “qué parte de los 117 millones de metros cuadrados que tiene el territorio es suelo rústico y cuál urbano” o “dónde se puede iniciar de manera inmediata un desarrollo de ciudad”. También ha detallado que contempla “cuál es el suelo rústico que se determina para preservarlo a grandes proyectos que necesitan otras características o desarrollos para un futuro”.

En cuanto a los 53 millones de metros cuadrados de suelo urbano, Muñoz ha precisado que 3 millones “son vacíos urbanos, y por lo tanto, se pueden acometer de manera inmediata”. Respecto a los 64 millones de metros de terreno rústico, ha indicado que “30 millones son susceptibles de transformación urbanística y un 40% es para vivienda protegida”, según la Lista.

La alcaldesa ha puesto de relieve que el PGOM “abre una oportunidad para establecer planes especiales, transformaciones urbanísticas de mejora urbana, planes de reforma interior, se normaliza la cornisa norte de San Pedro, como el Potril o Los Molineros; da entrada a proyectos de grandes equipamientos y abre la puerta para incorporar los desarrollos que, precisamente por la herencia recibida, estaban en fuera de ordenación”.

Herencia urbanística

Los gobiernos liderados por el Grupo Independiente Liberal (GIL) dejaron un lastre para la ciudad marcado por la corrupción urbanística, que se sucedieron desde el año 1991 hasta 2006, cuando el Gobierno central disolvió el Ayuntamiento, inmerso en procesos judiciales. Secuelas de aquella etapa fueron una deuda municipal de casi 600 millones de euros, la pérdida de suelo público destinado a dotaciones y equipamientos o las viviendas irregulares.

En este último caso, promociones como Banana Beach, la Loma de Guadalmina Baja, Maria Green Hills, El Palmeral, el complejo residencial de Jardines del Príncipe o el chalé adquirido por el actor Antonio Banderas a los herederos de la fallecida periodista Encarna Sánchez en la urbanización Los Monteros en los años 90 son algunos de los ejemplos de construcciones fuera de ordenación que han llenado las páginas de los rotativos durante estos años.

La etapa del Gil estuvo marcada por construcciones sin licencia o con permisos concedidos por el Ayuntamiento, y que fueron anulados posteriormente por los tribunales; o levantadas sobre suelos destinados a equipamientos públicos. La demolición es un fantasma que siempre ha sobrevolado, aunque nunca se ha llegado a ejecutar en la ciudad una actuación de este calado.

En 2010, el equipo de gobierno del PP redactó un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba un sistema de compensaciones para regularizar esas construcciones, y que fue anulado por parte del Tribunal Supremo en el año 2015, un documento que contemplaba la regularización de más de 16.500 viviendas. Actualmente, se encuentra vigente el Plan General de 1986.

En 2020, el Ayuntamiento inició la redacción de un nuevo planeamiento, que se adaptó a la LISTA tras su aprobación en el año 2021, cuyo resultado es la propuesta final del PGOM que se ha aprobado este viernes, además del POU que se tramita en paralelo.

El ex director general de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento José María Morente explicó en 2022 que la LISTA permite “resolver mejor algunos de los problemas que tiene Marbella de una manera mucho más fácil como el tema del suelo urbano, el déficit de infraestructuras o las viviendas irregulares”.

Morente abundó por aquel entones en que “casi todas las viviendas -irregulares- están en suelo urbano ya urbanizado, se han transformado, y ha habido promociones porque ha habido un plan que no se había aprobado, pero que se ejecutó y había un criterio”, en relación al planeamiento que confeccionó el Gil en 1998 y que no fue autorizado por la Junta de Andalucía.

Según destacó, la ley andaluza “a todo lo que es urbano y ya está urbano -que se ha hecho ciudad y está urbanizado-, lo reconoce como urbano. Hay una regularización más directa”.

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado por unanimidad de los grupos políticos una moción institucional para la estabilización de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara, la cual ha sido leída por el secretario municipal.

Entre las medidas, se solicita “una reunión urgente con los responsables de Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo y recibir información lo más fidedigna posible”, así como pedir de manera urgente “la Declaración de Impacto Ambiental en relación al proyecto de San Pedro Alcántara”.

Por otro lado, se reclama al Gobierno central “la máxima celeridad en la tramitación, tanto de la licitación de la obra de estabilización de las playas de Marbella en el tramo entre La Venus y punta del Ancón, como del proyecto de estabilización de las playas de San Pedro Alcántara para que ambos proyectos pudieran ser ejecutados al mismo tiempo”.

tercero que se realicen todas las modificaciones presupuestarias necesarias para poder ejecutar ambos proyectos de manera urgente, y en caso de no ser posible, la asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos sea el Ayuntamiento de Marbella que lo lleva a cabo con el canon que aporta el Gobierno central”