Marbella

Los registros practicados en Marbella se enmarcan en en una macrooperación contra el fraude fiscal

Agentes a las puertas del edificio, donde se encuentra el despacho de abogados.

Agentes a las puertas del edificio, donde se encuentra el despacho de abogados. / M. H.

La Fiscalía Europea, en cooperación con las fuerzas del orden de 14 Estados miembros de la Unión Europea, ha practicado más de 200 registros simultáneos en diferentes países en relación con una compleja trama de fraude del IVA basada en la venta de productos electrónicos populares que supera los 2.200 millones de euros. Una de estas inspecciones se ha producido en el despacho de abogados Lawbird Legal Services, localizado en el centro de Marbella.

A primera hora de este martes, varias patrullas de la Guardia Civil se desplegaron en la avenida Ricardo Soriano para registrar esta oficina, situada en el edificio Alfil, y en un chalé ubicado también en el municipio marbellí, donde practicaron un registro domiciliario. Estas inspecciones se enmarcan en una macrooperación internacional bautizada como Almirante llevada a cabo por la Fiscalía Europea -The European Public Prosecutor's Office (EPPO)-. 

Según fuentes cercanas a los hechos, el siguiente paso consiste en analizar todos los datos recogidos. Además, la investigación continúa ahora sobre los grupos de delincuencia organizada que están detrás de esta trama.

Agentes durante el registro practicado en el despacho de abogados. Agentes durante el registro practicado en el despacho de abogados.

Agentes durante el registro practicado en el despacho de abogados. / M. H.

La primera pista llegó en abril de 2021 cuando la Agencia Tributaria de Coimbra (Portugal) detectó que una empresa dedicada a la venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos estaría cometiendo fraude en el IVA. Dos meses más tarde, las autoridades portuguesas denunciaron el caso a la Fiscalía.

Aunque todo parecía estar en orden, decidieron ir más allá y se inició una investigación conjunta con fiscales europeos, analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y representantes de la Europol. Establecieron conexiones entre la empresa sospechosa en Portugal, cerca de 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas de distintos países. 

Tras 18 meses desde el informe inicial, la Fiscalía saca ahora a la luz lo que cataloga como "el mayor fraude de carrusel de IVA jamás investigado en la Unión Europea". Y es que las actividades delictivas se extienden por los 22 estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Suecia y Polonia, junto con terceros países como Albania, China, Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.  

Más allá de la magnitud de los daños, la Fiscalía destaca de este fraude "la extraordinaria complejidad de la cadena de empresas". Desde aquellas que actuaban como proveedores de aparatos electrónicos, pasando por las que reclamaban a las autoridades fiscales nacionales la devolución del IVA mientras vendían estos aparatos en línea a clientes particulares -y, posteriormente, canalizaban el producto de estas ventas en paraísos fiscales, antes de desaparecer ellas mismas- hasta las que blanqueaban el producto de esta actividad delictiva.

Según el relato de las mismas fuentes, todas esas actividades no hubieran sido posibles sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, que cumplían funciones específicas en el esquema general. "Han evitado ser detectados durante años trabajando a nivel transnacional casi con una lógica industrial", precisan.

Abogado del despacho registrado: "Nuestros clientes se han visto afectados por la trama" 

Antonio Flores, uno de los abogados que trabaja en Lawbird Legal Services, despacho registrado por agentes de la Guardia Civil este martes manifiesta a este periódico que “han venido 17 -agentes- para llevarse dos expedientes”. Según ha indicado, se han visto afectados tres de sus clientes, extranjeros, que compraron apartamentos a través del despacho -especializado en Derecho inmobiliario y financiero-, detallando que supuestamente las empresas de la trama han defraudado "con facturas falsas 530.000 euros para la compra de estos apartamentos en la Costa del Sol".

Según su relato, “mandaban el dinero a estas empresas, les hacían un cambio de divisas y nos mandaban el dinero a nosotros, pero luego decían que eso era una compra de mercaderías y reclamaban el 20% del IVA en Portugal”.

De este modo, Flores ha explicado que “un cliente en Marruecos entregó el dinero a la sucursal de esta empresa” en el país africano, ésta “lo entregó en Francia y nos envió a nosotros una transferencia porque hace el cambio con el dírham (moneda marroquí)” al ser supuestamente “empresas intermediarias”, ha relatado.

En concreto, el abogado ha señalado que en el caso que les ha tocado -ya que asegura que “hay diferentes modalidades de fraude”-, son “empresas intermediarias que también se dedican a enviar divisas”. En este sentido, ha explicado que “enviaban las divisas a nuestra cuenta, el dinero que venía pertenece a este cliente, y luego fabricaban facturas falsas y simulaban que habían adquirido de nosotros unas mercaderías, comida de animales”, todo ello sin el conocimiento del despacho, ha matizado.

Una vez recibido el dinero por parte de los abogados, ha señalado que “nosotros comprábamos la casa a nuestros clientes y ellos decían a Hacienda de Portugal que han comprado mercadería a una empresa de España” para supuestamente deducirse el IVA y “defraudar al fisco portugués”. Durante la intervención practicada esta mañana en las oficinas de Lawbird “solo querían información de facturas falsas”, ha apuntado Flores, quien ha recordado que “ya nos había requerido información la Hacienda pública y se la habíamos dado” hace dos años y “le habíamos dicho que no eran facturas para IVA, que aquí no había una transacción” del gravamen. Por ello, desde Lawbird han avanzado que se personarán como perjudicados en al causa judicial.

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