Es más que improbable que algún asalariado ponga objeciones a que su salario se adapte a incremento del coste de la vida. Sin embargo, resulta del todo improbable que acepte como algo justo que dichas percepciones mensuales por cuenta ajena se reduzcan en caso de que la inflación sea negativa, y que lo hagan en el porcentaje en el que tal descenso del IPC se hubiera producido en un periodo de un año. Una visión distinta de ese ajuste dinámico de los salarios a la inflación la tienen los empleadores, sean empresas con un cierto número de trabajadores mayor o menor, sean autoempleadores, lo que en general conocemos como autónomos por simplificar. Podemos incluir en la categoría de empleador al Estado en sus distintas versiones competenciales y territoriales. E incluso a otra gran partida de gasto del sector público, las pensiones. Por una mera lógica de intereses complementarios -pero en buena medida enfrentados- en la determinación del precio de encuentro de tales oferta y demanda de un mercado, el laboral, quien paga a cambio de trabajo se resistirá al automatismo en caso de alza generalizada de los precios al consumo, y quien da su trabajo estará completamente de acuerdo en el mismo. Y sucederá lo contrario en caso de deflación: el empresario querrá -querría- que los salarios se redujeran en función de la inflación; el trabajador por cuenta ajena se echará las manos a la cabeza, y los pies a la calle, si le bajan el sueldo según tal IPC. Que uno recuerde, nunca se ha producido el ajuste a la baja en periodos de deflación. Sí sucede que en tiempos de estabilidad de precios la lógica rigidez de los salarios al alza funciona. "De subir, ni mijita, ¿por qué? Para eso está la antigüedad", se dirá el pagador.

Si en la crisis financiera (fechemos 2007 para la banca que sabía lo que venía, en 2008 para la leal infantería) hicimos un cursillo apresurado y acongojado sobre hipotecas basura, prima de riesgo, BCE o deuda pública, en esta nueva acometida de la bestia económica mundializada hemos vuelto a estudiar economía, sobre todo inflación: el IPC general y el subyacente, las diferencias entre los índices nacionales y los europeos, la contribución del mercado energético y, en concreto, del gas ruso y la guerra de Ucrania, en estos indicadores malignos y corrosivos, y no sólo para los asalariados, sino para el equilibrio del sistema: para su salud. Previamente a la guerra, ya cursamos estudios dispersos y diversos sobre la factura de la luz. Ese parcial lo cateamos en masa. Los fenómenos paranormales son complicados de enseñar... y más, de aprender. En estos días de encarecimiento de los precios, los noticiarios hablados y escritos nos han puesto al día de la inflación... ¡mensual!: cuánto sube y baja la cesta de la compra casi de un día para otro, un trasunto en el primer mundo de aquellos corralitos monetarios del Cono Sur que tan lejanos y raros nos parecían. El desabastecimiento -relativo- ha ido de la mano de la reedición de la histeria del papel higiénico de los recientes tiempos confinados. Ya sabemos que al alza de precios que menos tiene que ver con decisiones políticas, con productos muy volátiles o de precios sujetos a la estacionalidad se la llama subyacente, y que predice mejor que el IPC el hecho de que la inestabilidad haya venido para quedarse o sólo de visita. Por cierto, la subyacente está como a la mitad de la general. En este hecho poco contestable se ancla la posición del empresariado ante la presión ministerial y sindical para que se vinculen los salarios a la inflación. ¿Si baja ésta, bajarán los salarios en esa misma medida? ¿Podrá repercutir la empresa esa subida en sus productos? ¿Lo aceptará el mercado? ¿Es sensato acordar en momentos de máxima incertidumbre una negociación colectiva en este sentido? ¿Quién la soportará?