Democracia y tecnocracia entran en conflicto

Las mayorías, a veces, se equivocan porque con frecuencia las preferencias están dictadas por las emociones, no por la razón, y manipuladas por la propaganda. Las decisiones políticas no son necesariamente correctas porque cuenten con el mayor respaldo popular y podría decirse que la probabilidad de error aumenta cuando entran en conflicto con la opinión de técnicos y expertos. Si se pregunta a los agricultores en época de sequía, pedirán mayor volumen de riego, pese al riesgo de desabastecimiento de la población del que advierten responsables de la administración del recurso. Algo parecido a lo ocurrido a Macron, al que los técnicos recomendaron reformar el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad contra la opinión de los que protestaban en las calles y quizá también de la mayoría de la población. También a los británicos, que por exigua mayoría votaron en referéndum el Brexit, pese a las advertencias fundamentada de los analistas. A veces el origen de la discrepancia se reduce al ámbito de las ideologías. En Grecia acaban de limitar por ley el número de horas semanales que puede trabajar un pluriempleado, provocando la reacción airada, y también inoportuna, de nuestra ministra de trabajo, porque allí las políticas de empleo funcionan mejor, además de que también aquí existe el pluriempleo y sin ningún tipo de limitación horaria.

Cuando democracia y tecnocracia entran en conflicto, la primera ha de prevalecer sobre la segunda, pero para impedir que el interés partidista o corporativo conduzca a situaciones injustas o perjudiciales a medio plazo, al sistema institucional corresponde, entre otras cosas, fijar los límites a la discrecionalidad en el uso del poder delegado en representación de la mayoría. El problema es que los técnicos, incluidos jueces, fiscales, asesores jurídicos en los parlamentos, etc., también se equivocan. Pueden aconsejar la mejor jugada posible, dadas las cartas en sus manos y sobre la mesa, pero desconociendo las del resto de los jugadores. En este caso, el mejor consejo siempre es una verdad relativa, que puede estar ubicada a una gran distancia de la verdad absoluta. Al político corresponde decidir sobre la calidad del consejo tecnócrata en función de la distancia que estime entre ambas verdades, que, en todo caso, dependerá de las cartas que le hayan correspondido en el reparto.

El político representante de la mayoría evalúa las opciones y escoge la más adecuada, pero son las instituciones, la más de importante de las cuales son las leyes, las que han de velar porque el proceso sea eficiente, sin trampas y con garantía de derechos. Puesto que las mayorías también se equivocan, no cabe invocar la legitimidad de la representación popular para resolver el conflicto entre democracia y tecnocracia. La calidad de la democracia es directamente proporcional a la fortaleza del tejido institucional, así que, frente a los obstáculos que la tecnocracia levanta ante el uso irregular del poder delegado por la mayoría, surge la tentación de sustituir al técnico de independencia irreductible o de intervenir la institución. Sin duda, un alto precio para la democracia.