El gran desafío andaluz

Si algo eché en falta en los debates fueron propuestas concretas en materia de políticas de empleo. Mucha controversia tergiversada sobre el desmantelamiento o reforzamiento de los servicios públicos, sobre el acondicionamiento de los colegios y lo que se enseña a nuestros niños o sobre la fiscalidad, el crecimiento y sus efectos sobre el empleo. Sin duda que el crecimiento afecta a la contratación de mano de obra, pero las políticas de empleo son otra cosa. Son iniciativas de naturaleza microeconómica, porque están dirigidas a intervenir en un mercado concreto, el de trabajo, cuyo objetivo es el ajuste eficiente entre oferta (trabajadores) y demanda (empresas).

Las políticas de empleo dan forma a lo que conocemos como marco de relaciones laborales, tienen un fuerte componente regulatorio e intervienen en el mercado, sobre todo, por el lado de la oferta, el de los trabajadores. Sus cuatro baluartes fundamentales son la tipología de modelos de contratación, el subsidio de desempleo, el marco de negociación colectiva y las políticas activas de empleo, siendo los tres primeros de competencia estatal y el cuarto autonómica. La reforma laboral de 2012 introdujo importantes cambios sobre el marco previo, cuyas deficiencias llevaron a España y a Andalucía a la cabeza del desempleo en Europa. Limitó ostensiblemente la diversidad de formas de contratación y descentralizó la negociación colectiva, reduciendo el protagonismo político de sindicatos y patronal. Pese al contexto de crisis, consiguió un aumento notable de la contratación, pero no pudo evitar un alto nivel de precariedad y un crecimiento lento de los salarios. La de 2022 se ha centrado precisamente en estos dos aspectos: el impulso a la contratación fija y a la negociación colectiva, con la consiguiente restitución de la iniciativa política sindical.

En lo que también han coincidido las dos reformas es en relegar a un segundo plano la problemática del desempleo, pese a ser el principal problema el 53,8% de los andaluces, según Centra, y a mucha distancia del segundo (la inflación, para el 7,4%). El subsidio de paro, también de competencia estatal, adquiere de un tiempo a esta parte una dimensión básicamente financiera y se difumina entre las iniciativas de renta básica de las comunidades y el ingreso mínimo vital del gobierno.

El cuarto gran baluarte son las políticas activas de empleo, cuyo contenido fundamental es la intermediación en el mercado de trabajo (Servicio Andaluz de Empleo) y los cursos de formación a desempleados. Aquí la competencia es plenamente autonómica y las posibilidades de intervención amplias y adaptables a los desajustes reales del mercado en cada lugar. El paro juvenil, el de larga duración o el de mayores de 55 años son manifestación del deficiente encaje de sus piezas en Andalucía y, por tanto, un ámbito claro para intervenir en la mejora de las condiciones de empleabilidad de los parados. La realidad desde la crisis de 2008 y la proliferación de casos de corrupción en los cursos de formación, es que las políticas activas están, en buena medida, desactivadas y los candidatos han decidido (quizá pactado) mantener el paro al margen del debate.