El Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un suma y sigue respecto a la conocida como Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007: el Estado será el responsable de exhumar los restos de miles de republicanos y luchadores por la democracia que siguen tirados como perros en cunetas y fosas comunes (se han recuperado unos 9.000 hasta 2018 mediante el trabajo de familiares y asociaciones); prohíbe la exaltación y enaltecimiento de la dictadura; retira las medallas y condecoraciones a ex policías torturadores durante el tardofranquismo y anula las sentencias de los tribunales franquistas que llevaron a la cárcel o al paredón a miles de españoles por sus ideas políticas.

Al tiempo que el Gobierno de coalición avanza en la aprobación de esta ley, Vox se no sólo niega a condenar la dictadura franquista sino que propone modificar la Ley de Partidos Políticos de 2002, con el objetivo de ilegalizar a formaciones y partidos políticos que defiendan posiciones independentistas o que participaron en el proceso independentista catalán de 2017: ERC, Junts, el BNG, la CUP o EH Bildu, casi la mitad de los 13 trece partidos políticos con representación en el Congreso.

Santiago Abascal dice que el Gobierno de Sánchez es el peor en "ochenta años". De ahí la moción de censura que presentará, presuntamente, a finales de septiembre, un brindis al sol pues está condenada de antemano al fracaso, aunque lo que realmente busca Vox es un espacio propio ondeando su bandera de outsider.

La moción de censura es un instrumento para dinamizar la labor de la oposición. Desde la aprobación de la Constitución en 1978, se han presentado cuatro, aunque sólo una ha salido adelante: la de Sánchez contra Rajoy en 2018.

La réplica socialista va a ir esta vez más allá de cruzarse de brazos y silbar mientras Abascal le pone las peras al cuarto al Gobierno aprovechando los números de la pandemia, que dejan a España (y por ende a su Gobierno) en muy mal lugar como uno de los puntos calientes del planeta en la expansión y la catástrofe del coronavirus. Es por ello que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha invitado este martes a Ciudadanos y Vox a valorar si la situación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es "sostenible".

Es política. La vida. El arte de equivocarse lo menos posible y el de mantener el tipo pase lo que pase. Y lo que hoy está pasando son más que palabras, son leyes. Democráticas. Como se denomina de manera redundante la que nos ocupa. Y una anomalía histórica como la Fundación Francisco Franco está a punto de irse por el sumidero de la historia. La risa va por barrios y muchos lo celebrarán, mientras otros criticarán con desdén que el Gobierno siga abriendo heridas guerracivilistas.

Al tiempo, Pablo Casado lidia con ese elefante que se ha metido como en una cacharrería hasta la cocina.

La risa va por barrios y el panorama es para llorar. En todos. Con todos. El panorama sanitario es desolador. Y el político...

Al menos ayer había un motivo para brindar con la ilegalización de la exaltación del franquismo. El presidente de la Fundación de marras está muy indignado con lo que llama ley "liberticida", se siente como un proscrito y dice que "si es preciso" se marchará a un "país libre". Al oírle estas cosas me miro con pesar y me censuro la poca elegancia que tengo... No me parece de recibo en estos días básicamente aciagos mi risa floja, señor Chicharro, pero me lo pone muy difícil... Pruebe en Alemania, verá donde lo mandan con el fürher...

Carmen Calvo.

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