¿Ahorramos o consumimos?

COMO ya ha sido suficientemente analizado, el patrón de crecimiento de la economía española entre 1996 y 2007 se caracterizó por un nivel de gasto agregado (consumo e inversión) muy superior a las rentas generadas. Este comportamiento estuvo estimulado por el continuo aumento del empleo, de la renta y de la riqueza (por la revalorización de los activos, especialmente los inmobiliarios), lo que nos indujo a gastar más de lo que producíamos. El exceso de gasto sobre la renta propició un creciente endeudamiento, en buena parte externo por la reducción del ahorro nacional. Este endeudamiento se vio facilitado por la solvencia que generaba nuestra pertenencia al área del euro, por los bajos tipos de interés y las facilidades crediticias. Al final del periodo de expansión la necesidad de financiación externa anual superó el 10% del PIB, y el endeudamiento de los agentes económicos equivalía a 3,4 veces la producción nacional.

Ese proceso era insostenible a medio plazo, pero la entrada en escena de la crisis financiera internacional, con sus secuelas de drástico recorte del crédito, aumento del paro e incertidumbre, precipitó el ineludible ajuste, contrayéndose intensamente el consumo y la inversión, y reduciéndose la necesidad de financiación externa al 7% del PIB en el segundo trimestre de este año. Este proceso de ajuste se habrá intensificado muy probablemente en los últimos meses, y la sostenibilidad económica aconseja continuar con la reducción del desequilibrio externo, pero la intensa reducción del consumo y de la inversión está lastrando la posibilidad de recuperación económica, ya que la disminución de la demanda interna no puede ser compensada por aumento semejante de las exportaciones dado el deterioro de nuestra competitividad.

El cambio de comportamiento de las familias ha sido extraordinario, pasando en sólo un año de un desaforado consumismo a un elevado aumento del ahorro: desde el segundo trimestre de 2008 al mismo de este año el consumo de las familias ha descendido un 8,6%, y de tener una de las tasas de ahorro más bajas de Europa (11% de la renta disponible) se ha pasado a la tasa de ahorro más alta de los últimos cuarenta años (16,5%), y a superar la media europea en sólo doce meses. El aumento del paro y la disminución de las rentas mixtas y de capital están en la base de este cambio de comportamiento, pero también los factores psicológicos están induciendo a comportamientos precavidos ante la incertidumbre económica y el elevado endeudamiento. Recuperar un balance equilibrado de las economías familiares llevará bastante tiempo porque la deuda que acumulan multiplica por 1,31 la renta bruta disponible y porque el endeudamiento es mayoritariamente hipotecario y a largo plazo, pero a nivel agregado se ha dado un considerable avance en su equilibrio, por lo que el nivel de consumo podría estabilizarse o remontar a partir de ahora, aunque lo razonable es que cada familia ajuste el consumo a su nivel de renta presente y previsible y a las exigencias derivadas de su endeudamiento.

Las empresas no financieras han reducido su necesidad de financiación del 10,5% al 5,2% del PIB en un año, por lo que el saneamiento de sus posiciones financieras también se está produciendo aceleradamente, y muchas de ellas podrían abordar procesos de inversión, si bien la incertidumbre de la recuperación de la demanda aconseja extremar la precaución.

En sentido opuesto ha venido evolucionando la posición financiera del sector público, pues se ha producido una drástica reducción de la recaudación tributaria a la vez que ha aumentado el gasto público, hasta alcanzar un déficit acumulado en un año (hasta el segundo trimestre) del 8,7% del PIB, lo que augura que el déficit previsto para este año por el gobierno (9,5%) se superará, y que tampoco podrán cumplirse las previsiones presupuestarias para los años próximos, con lo que se superaría ampliamente el objetivo de la UE de un déficit del 3% del PIB en 2012. Un estudio de la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo sitúa a España entre los países de alto riesgo (casi el doble de la media) y proyecta que la deuda pública se elevaría al 528% del PIB en 2050 si no se abordan reformas para que disminuyan los gastos y aumenten los ingresos.

Sin embargo, tanto el G20 como el FMI o la propia Comisión Europea recomiendan la continuidad de las políticas fiscales activas para facilitar la recuperación de la actividad y el empleo y para evitar una recaída, por lo que si se reduce el gasto público y/o se aumentan los impuestos, las posibilidades de recuperación serán más inciertas. Realmente es una situación complicada.