SI algo hay que reprocharle a la Junta de Andalucía tras su decisión de combatir el fraude social y el fraude fiscal es que haya tardado tanto en ponerla en práctica. Cuando la ponga, porque lo que ahora se anuncia es la aprobación de una ley el mes próximo. A esta lucha se había referido expresamente José Antonio Griñán, incluso antes de las elecciones andaluzas, dentro de una reflexión sobre la injusticia que se comete con las clases medias trabajadoras, sometidas a una fuerte presión fiscal y, sin embargo, privadas de prestaciones sociales por culpa de su nivel de ingresos. Lo concretó más en su discurso de investidura al hablar del fraude que cometen muchos andaluces que se benefician de subvenciones, bonificaciones y otras ayudas públicas gracias a que el criterio que la Administración contempla para concederlas es exclusivamente la renta, siendo así que a veces acumulan patrimonios mobiliarios o inmobiliarios que en buena lógica debería privarles de la ayuda solicitada. Cuando se apruebe la nueva ley los solicitantes de dinero público en sus diversas formulaciones verán revisadas no sólo sus rentas, sino el patrimonio familiar, como ya se hace actualmente con las becas que otorga el Ministerio de Educación. La normativa que se pretende requiere, para su aplicación, la puesta en común de todos los datos oficiales sobre las familias peticionarias, y especialmente la colaboración entre la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria. Igual ocurre con el otro fraude que hace falta combatir, el fiscal, relacionado con la economía sumergida, que priva a las arcas públicas de buena parte de los ingresos que necesitan para afrontar precisamente las políticas sociales y constituye una flagrante injusticia contra todos los andaluces que cumplen estrictamente sus deberes fiscales. La puesta en marcha de estas iniciativas, que hay que saludar favorablemente, supondrá sin duda un choque con cierta cultura de la subvención que ha crecido en Andalucía en los últimos años y que, insolidaridad aparte, es un lastre para la dinamización de la economía y para el emprendimiento. No se trata, ciertamente, de frenar la sensibilidad social de los gobernantes, sino de todo lo contrario: revisar los criterios para que las ayudas se destinen a quienes de verdad las necesitan para salir de un bache o aliviar una situación de precariedad. Por lo demás, si el uso y reparto del dinero público ha de estar sometido siempre al rigor y los controles pertinentes, mucho más ha de hacerse en una coyuntura de grave crisis y austeridad estricta, cuando los recursos escasos deben distribuirse con criterios de justicia intachable y actuar como diques contra la picaresca.