EN estos momentos sólo hay un tema en la agenda europea: la crisis financiera, la crisis económica. No nos engañemos, la situación es extremadamente grave, la economía se ha convertido en la primera preocupación de todos los españoles. No se trata de hacer alarmismo, la alarma está generada por la contracción del crédito, la subida del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, el desplome del consumo…

España tiene además los problemas añadidos que se derivan del derrumbe inmobiliario y de nuestro déficit comercial, lo que implica unas necesidades de financiación mayores que las de ningún otro país de la UE. Está claro que esta crisis financiera se está extendiendo de una forma imparable a la economía real, a la economía de las familias y empresas españolas.

La estructura económica del mundo global del siglo XXI no tiene precedentes, no tenemos experiencia en situación semejante. Estamos sumergidos en una aventura que nos obliga a transitar por caminos desconocidos y la arquitectura financiera internacional parece haberse quedado obsoleta.

El Consejo Europeo del 15 de octubre aprobó una resolución que, entre otras cosas, se pronunciaba sobre la necesidad de analizar cuidadosamente las causas de la crisis financiera actual, en especial si la supervisión y el cumplimiento de las normas existentes resultan adecuadas. De un primer análisis de estas causas salta a la vista que la regulación actual del sistema financiero ha permitido que se produzca una escasa capitalización de las instituciones financieras, excesiva concentración de riesgos, sistemas de remuneración perversos de los altos ejecutivos -bonuses, stock options-,criterios de valoración de activos deficientes, conflictos de intereses en las agencias de notación (Credit Rating Agencies)

Por otra parte, existe consenso sobre la necesidad de integrar la supervisión y regulación de los mercados. Si en la jerga económica se impone ya la realidad de un mercado financiero global, su gobierno no puede hacerse de una forma parcelada o con instituciones que han quedado claramente sobrepasadas. Todas estas cuestiones estarán encima de la mesa en Washington en la histórica reunión que se celebrará el próximo 14-15 de noviembre.

Conviene recordar también la responsabilidad que en esta crisis ha tenido los años de política monetaria excesivamente expansionista llevada a cabo por la Reserva Federal de EEUU. Es importante que esto no se vuelva a repetir. El mundo global nos hace a todos responsables globales. EEUU son aliados de la UE (lo que hace más penoso aún el debate sobre la presencia de España en la Cumbre) y a los aliados se les puede y debe exigir una actitud responsable.

Precisamente, ésta es una de las grandes diferencias con las crisis vividas con anterioridad por los países integrantes de la UE y especialmente los situados en el ámbito de la Eurozona. La UE, liderada por el presidente Sarkozy, ha movido ficha aunque quizás se la pueda criticar por su falta de anticipación.

La reacción de la UE frente a la crisis nos ofrece la oportunidad de ejercer un liderazgo en la configuración de un nuevo orden internacional. España debe recuperar una posición de fortaleza que los Gobiernos de González y Aznar consiguieron alcanzar y consolidar en el espacio europeo y que en estos momentos es de una preocupante debilidad.

Nuestras aportaciones a la actual crisis financiera deben hacerse valer en las instituciones europeas, Consejo, Comisión y Parlamento, y no quedarse en declaraciones grandilocuentes en medios de comunicación, actos de partido o conferencias nacionales o internacionales. Ni siquiera el Congreso de los Diputados es caja de resonancia y lugar de debate de las medidas gubernamentales con las que se quiere hacer frente al terremoto financiero que sufre nuestro país.

La UE está revisando la legislación fundamental referente a los mercados financieros incluida la revisión de las relaciones entre los reguladores y supervisores nacionales con el fin de mejorar la supervisión de las instituciones financieras transfronterizas. Ha acudido también al rescate de las instituciones financieras suavizando la política de competencia y flexibilizando sus exigencias frente a las ayudas que se les están proporcionando para evitar el colapso del sistema.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limita el déficit público también va a tener en cuenta la gravedad de la situación y el BCE ha jugado un papel fundamental proporcionando liquidez a los mercados en los momentos de máximo estrés sistémico. La reciente bajada coordinada de tipos de interés muestra los esfuerzos por hacer un trabajo coordinado con las autoridades monetarias más importantes del planeta.

Finalmente conviene quedarse con una de las recomendaciones que hizo el Consejo Europeo en su resolución del 15 de octubre ya citada: "... considera importante que, en interés de los contribuyentes y de los presupuestos de los Estados miembros, cada vez que se gaste dinero público en el rescate de una institución financiera, esto debe ir acompañado de supervisión pública, mejoras de la gobernanza, limitaciones de la remuneración, severa responsabilidad frente a las autoridades públicas y estrategias de inversión para la economía real".