EPILOGO

Desde antes de la democracia, la política de vivienda ha combinado la creación de un parque público de alquiler con la promoción del acceso a la vivienda de las clases medias. Para ello se han ido combinando las medidas para la obtención de suelo sobre los que desarrollar las promociones de la administración con otra de apoyo a la promoción y adquisición de viviendas. Si la primera estaba destinada a cubrir las necesidades a las rentas más bajas, la segunda se dirigía a una clase de proletarios a los que el franquismo decidió convertir en propietarios.

En cualquier caso, existía una política de vivienda que, con las modificaciones introducidas por los sucesivos gobiernos, llegó hasta 2013. Sin embargo, con la crisis de comienzos de los 90, empezó a generarse el discurso de la necesidad de desarrollar una cultura del alquiler frente a la de la propiedad. Se ponía como ejemplo a ciertos países europeos en los que el porcentaje de viviendas en alquiler es mucho más elevado, pero se obviaba que en ellos el parque público de viviendas en alquiler es mayor. También, que eran los mismos miembros de la cultura del alquiler quienes compraban las viviendas dieron lugar al desarrollo del turismo residencial en nuestra costa o se convirtieron en el retiro de sus jubilados.

Con la crisis de 2008, el discurso cambió. Siendo una crisis esencialmente financiera, se demonizó al sector de la construcción: en España había viviendas de sobra y lo que había que hacer era rehabilitarlas. Los nuevos propietarios accederían al parque edificado que se había quedado sin vender y el Plan de Vivienda 2013-16 abandono cualquier tipo de ayuda a la promoción. Las cuentas, simplemente, no salían. Ni para la promoción en venta ni la de alquiler.

El nuevo Plan de Vivienda 2022-2025 cambia el discurso de la búsqueda de la sostenibilidad por la rehabilitación por las ayudas para el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, a los que se les otorga una especial prioridad que debe ser contemplada por los planes autonómicos para poder acceder a la financiación estatal. La idea no es mala per se, pero olvida a esa clase social que históricamente no ha encontrado respuesta en el mercado, pero que tampoco se encuentra en riesgo de exclusión.