BUENA la ha armado el juez estrella Baltasar Garzón al autorizar a la Policía para escuchar y grabar las conversaciones que tenían en prisión los imputados en el caso Gürtel, Correa y Crespo, con sus abogados. El derecho a poder defenderse de cualquier acusación es indiscutible para las personas, pero este derecho se anula o disminuye si la comunicación entre cliente y abogado es interferida, con el objeto de aprovechar cuanto de útil haya para que prospere la acusación y se debilite la defensa. En nuestra legislación no existe al respecto más que la excepción de los supuestos de terrorismo. Ni siquiera se ha utilizado -por no ser legal- para poder conocer qué ha sido del cadáver de Marta del Castillo, infructuosamente buscado.

El juez Garzón explicó en su momento que estas escuchas de las conversaciones habidas entre protagonistas del caso Gürtel y sus abogados, eran "la única vía" para evitar que ocultaran pruebas, o se perdieran los millones de euros captados por la red, excusa que podría valer para la Policía, cuya misión consiste en reunir las pruebas del delito perseguido, pero en manera alguna puede ser aducida por un juez que se preocupa tanto de la "Justicia universal", que persigue entuertos de otros tiempos cometidos por connacionales o por extranjeros. Como es natural, los tribunales declararon ilegales estas escuchas, por vulnerar el derecho fundamental a la defensa, por lo que se le acusa de los delitos de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) e interceptación ilegal de comunicaciones. Ahora ha solicitado del Tribunal Supremo prestar una nueva declaración, para efectuar "aclaraciones" y éstas han sido que a los que se escuchó fue a los corruptos y no a sus abogados. La aportación de las cintas grabadas, pedida por su abogado, ha sido rechazada por haber sido declaradas nulas.

Esta nulidad no sólo trae desagradables consecuencias para él, porque piden que se le inhabilite durante 17 años, sino también para otros. Porque, si por la obtención ilícita de pruebas son absueltos los imputados del caso Gürtel, a todos, salvo a los implicados, nos quedará el regusto desagradable de que ha quedado impune una trama de corrupción en la política nacional. Por ello, en el PP, no habrá lugar para campanas de gloria, ni tampoco en el Gobierno, a cuyas órdenes está el Ministerio Fiscal y que permitió que en la causa figuraran datos e informaciones tomadas de las conversaciones entre abogados y clientes. Un mal balance, para todos, por no haberse respetado el derecho fundamental a la defensa, que necesita de la inviolabilidad de las comunicaciones entre cliente y abogado.