TRES instancias judiciales del máximo nivel han venido a cuestionar la política educativa que en materia lingüística desarrolla la Generalitat, en sus diversos gobiernos, desde 1983 (inmersión en el catalán). Lo hizo el Tribunal Constitucional, que, en su sentencia sobre el Estatut reconoció que el catalán puede ser el centro de gravedad del modelo de enseñanza y la lengua vehicular del aprendizaje, pero no la única, sino que el castellano, como lengua oficial del Estado, también ostenta dicha condición. Lo ratificó el Tribunal Supremo cuando, en diciembre del pasado año 2010, subrayó el derecho de tres familias recurrentes a que sus hijos fueran escolarizados en castellano e instó al Gobierno catalán a tomar las medidas necesarias para satisfacer ese derecho. Y lo ha confirmado, a finales de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dando un plazo de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, al mismo nivel que el catalán. Este tribunal ha precisado, además, que la sentencia debe aplicarse con carácter general y no sólo a las tres familias que apelaron a la Justicia. Las fuerzas políticas catalanas, con excepción del Partido Popular y de Ciutadans, han reaccionado a la triple decisión judicial con una actitud muy próxima a la insumisión, además de grandilocuente: la inmersión lingüística en el catalán -la que conlleva sanciones a los comerciantes que rotulen sus escaparates sólo en castellano, por ejemplo- es innegociable, constituye una línea roja que nadie puede atravesar y se mantendrá tal como hasta ahora "caiga quien caiga". La tormenta política ha estallado, pues, una vez más en las relaciones entre Cataluña y España. La Generalitat ha anunciado que recurrirá el fallo del Alto Tribunal catalán, a lo que tiene perfecto derecho. A lo que no lo tiene en absoluto es a desafiar a las instituciones del Estado de Derecho y a ignorar las resoluciones judiciales, que a todos los ciudadanos afectan y que los gobernantes, del nivel territorial que sea, son los primeros llamados a acatar y cumplir.