La modificación del delito de malversación es, sin duda, una propuesta legislativa muy polémica. Por su fragilidad jurídica y por la contradicción que encierra en su propio planteamiento no tendría ningún sentido su implantación y sería absolutamente indefendible si no se considerara esta decisión dentro de una estrategia general de intentar solucionar el contencioso político con parte de la sociedad catalana. Aun así, no es de extrañar que la modificación debatida en el Congreso despierte rechazo de muchos grupos políticos y que incluso dentro de las filas del PSOE, partido proponente, existan críticas a esta iniciativa.

En este aspecto, convendría analizar el papel que en esta polémica han adquirido algunos representantes autonómicos del propio Partido Socialista que, oídas a algunas de sus manifestaciones, se hacen difícil de distinguir de las de los dirigentes de la oposición. Es cierto que la libertad de expresión ampara a todos los ciudadanos, líderes políticos incluidos, pero la responsabilidad de estos dirigentes les debería aconsejar que dichas discrepancias se mantuvieran con un mínimo de respeto institucional y de lealtad partidaria. No se trata de pedir la férrea disciplina de la omertà, ni tan siquiera exigir que dichas críticas se realicen en los órganos internos del partido, cosa que hace años dejó de tener vigencia, sino tan solo que, puestos a expresar públicamente las discrepancias, se abandonaran tonos amenazantes o rotundas condenas como las que nos han brindado algunos dirigentes regionales que parece se juegan su prestigio político en el nivel de acidez de sus proclamas contra el gobierno.

Al fin y al cabo, estos dirigentes no surgieron de la nada ni escalaron su actual nivel de relieve político mediante su exclusivo esfuerzo, sino que fueron el prestigio y arraigo de las siglas del partido y el esfuerzo de militantes y votantes los que le brindaron la oportunidad de convertirse en referentes. Por eso, a la hora de manifestar una opinión discrepante, no se deberían olvidar de las siglas, dirigentes y militantes a los que les debe también el nivel de relevancia que han alcanzado. Por tanto, a estos líderes proclives a la crítica gubernamental le es exigible la habilidad de, aun expresando críticas o disconformidades que puedan ser entendibles, mantener el mínimo de respeto, lealtad y solidaridad con la dirección del partido al que pertenecen y del que son deudores. Y si no saben hacerlo, mejor cierren al salir.