Maniquí

Lo de la ley Celaá se parece cada vez más a aquello del elefante metido en la habitación: todos y cada uno de los argumentos que he leído y escuchado a favor y en contra, empezando por la ministra y terminando por las escuelas concertadas, son de naturaleza estrictamente ideológica. No hay ninguna explicación, ni una sola razón, sobre los motivos por los que la nueva normativa o su derogación tendrán o podrían tener consecuencias positivas en el día a día de las aulas para alumnos y docentes con la consiguiente mejora de los resultados académicos. Claro que no hay nada en esto que ya no supiéramos: la educación cumple aquí la función de perpetuo maniquí de pruebas al que cada cual apalea con su correspondiente sustrato ideológico con tal de añadirle puntos al carnet. Y la ideología, infalible, va por bloques bien aislados: sólo la educación pública hace frente a las élites, la educación concertada segrega siempre y si abres la boca para defender un modelo te estás declarando enemigo a muerte del otro, todo con el trazo más grueso para la satisfacción inmediata del votante acérrimo. La realidad en los centros y en las familias es mucho más compleja, diversa, mezclada y llena de matices, aunque, claro, esto no interesa a quienes viven de tirarse los trastos a la cabeza. Que son casi todas sus señorías, claro.

Lo más divertido es que todos los que se llevan las manos a la cabeza se dedicarán luego a otra cosa hasta que se apruebe la siguiente ley de educación. La enseñanza suscita un interés cero en el debate público, y esto explica, también, que no exista un pacto por la educación en España: si no lo tenemos es porque, en el fondo, nadie lo quiere. A ver qué trastos íbamos a tirarnos entonces a la cabeza. El problema es que sin ese debate, lo que diga la ley de turno tiene el valor de una higa. Un ejemplo: la nueva normativa puede estimular la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales fomentando su inserción en las aulas comunes, pero si ese estímulo no viene acompañado de suficientes recursos a los centros (profesores de apoyo, traductores de ILE y otros muchos), diga lo que diga la ley, la cosa se quedará como estaba. Cabe recordar que el Parlamento andaluz rechazó recientemente aprobar una proposición dirigida a garantizar los recursos para la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales tal y como estipula la ley educativa vigente. ¿Y qué pasó? Eso: nada.

Cuando pase la tormenta volverá, por tanto, la calma, con su inestabilidad, sus carencias y el trabajo abnegado de muchos. A ver quién se acuerda entonces de todo esto.