Privilegios para distender

El Gobierno andaluz debería estar vigilante con las negociaciones del Ejecutivo central y la Generalidad

Los partidos de la oposición andaluza se están preparando para un adelanto electoral en nuestra comunidad. Se habla de que serán en noviembre. No obstante, no hay nada confirmado y las declaraciones desde el Gobierno andaluz son contrarias a esa posibilidad. De todas formas, sea esa la fecha exacta o no, lo que sí parece claro es que pueden ser pronto. El hecho en sí mismo, más allá de las diferentes estrategias de las formaciones que se presenten, no tiene mucha transcendencia. La actual legislatura es el resultado de los comicios de 2015; por tanto, el recorrido que le queda es ya pequeño. Lo que sí puede ser más relevante es su probable coincidencia con momentos en los que atención, como ahora, debería estar dirigida a estar en alerta para que no se siga profundizando en las desigualdades territoriales del Estado. Actualmente se está en riesgo de que así sea, de que la brecha se haga mayor.

Uno de los objetivos políticos importantes del nuevo Ejecutivo central es el de intentar apaciguar a los independentistas catalanes abriéndose, supuestamente, al diálogo. En principio, eso está bien. Reducir tensiones es deseable, pero resulta imprescindible saber qué se va a ofrecer y qué se va a pedir, y tal como todo se va desarrollando se va albergando la sospecha de que a cambio de rebajar las pretensiones de autodeterminación se pueda dar un desbordamiento de generosidad tanto política como económicamente que puede afectar al resto de las comunidades. Aparte de los encuentros entre los presidentes Sánchez y Torra, y entre los vicepresidentes Calvo y Aragonès, se crearán comisiones bilaterales para tratar, entre otras cosas, asuntos como la flexibilización de los objetivos de déficit, inversiones en infraestructura, dependencia o financiación de los Mossos d' Esquadra. Se establece esta opción a la par que la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Elsa Artadi, no para de afirmar que no acudirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde se trata de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la hacienda del Estado. Eso qué significa ¿privilegio? El independentismo ha sabido siempre rentabilizar muy bien su victimismo infundado y espurio. El Gobierno andaluz ahora, durante y el que salga después de las elecciones debería estar muy vigilante con todas esas negociaciones. Andalucía necesita decididamente una mejor financiación y mayores inversiones en infraestructuras.

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