Soberanía financiera

SOBERANO es quien es capaz de transformar los riesgos propios en peligro para otros y se posiciona como acreedor (prestamista) de última instancia". Tal es la lapidaria conclusión del alemán Josph Vogl, filósofo, investigador cultural y de los medios, profesor de las universidades de Humboldt (Berlín) y la de Princeton (EEUU), en su libro de reciente publicación Der Souveränitätseffekt.

Lo realmente nuevo en la histórica relación entre la economía y la política es que los llamados mercados han "confiscado" nuestro futuro al convertirse en un "dios acreedor" que dispone "en última instancia sobre el destino de las monedas, las economías, los sistemas sociales, las infraestructuras públicas y el ahorro privado".

Una de las características de los actuales mercados financieros es que las consecuencias de sus arriesgadas apuestas las terminan sufriendo también quienes nada tuvieron que ver con tales decisiones. Y si no, que les pregunten a los griegos, que nos pregunten a todos los ciudadanos europeos.

El régimen financiero se convierte así en un "poder de excepción parademocrático", que obliga a las instancias sociales y políticas a acoplarse a sus requisitos e introduce el riesgo en el centro mismo de nuestras sociedades.

Al menos desde 2008 y bajo el signo de la última crisis económica y financiera se constituyó el programa de una política de "estado de excepción" que se caracteriza por situaciones de emergencia que requieren el empleo de instrumentos y la aplicación de medidas igualmente excepcionales, fruto de deliberaciones y tomas de decisión a puerta cerrada.

Los instrumentos de política monetaria de los bancos centrales han perdido buena parte de su eficacia mientras se ha creado un conglomerado de medidas heterogéneas y técnicas financieras innovadoras que han servido para que el capital financiero se deshiciera de muchos de los límites que le imponía el Estado de bienestar.

Al mismo tiempo gracias a los llamados partenariados público-privados se han creado gobiernos "a la sombra" y se han sustituido lo que los liberales denuestan como el "big government" por otra hipertrofia de tipo privado: la "big governance".

Un ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, donde, como nos explica el autor, entre 1999 y 2002 se recortaron en 50.000 los empleos en la función pública mientras que aumentó en más de un millón el número de contratistas y concesionarios.

Al mismo tiempo se han en todo el mundo creado gremios informales de asesores, comités de supervisión, instrumentos reguladores e instancias de arbitraje con mediadores privados generosamente remunerados que intervienen en los conflictos internacionales entre Estados y grandes empresas.

Se han firmado más de 3.000 acuerdos de protección de inversiones y vemos cómo en virtud de los mismos, las grandes multinacionales y los gobiernos negocian muchas veces casi en pie de igualdad al extremo que las primeras pueden decidir sobre salarios mínimos, protección del medio ambiente, normas de seguridad o el llamado principio de precaución en detrimento muchas veces de los parlamentos.

La financiación de las deudas públicas por los mercados financieros y en especial los inversores institucionales como fondos de pensiones o de inversiones han conducido por otro lado a una especie de competición entre los deudores sobre los que deciden agencias de calificación crediticia privadas que juzgan a los Estados como a las empresas.

Esas agencias deciden sobre las condiciones de acceso de los países a los recursos financieros y se entrometen de esa forma en las políticas sociales, monetarias de los países.

Así hemos visto cómo se manifestó el poder de los acreedores a raíz de la última crisis mundial, que se debió no a los déficits presupuestarios sino a la implosión de los mercados financieros y al hecho de que mientras se socializaban las pérdidas se diese prioridad absoluta a los acreedores privados.

El dominio de la economía y las finanzas en la actual fase del capitalismo se deja sentir por ejemplo en las negociaciones del nuevo tratado de comercio e inversiones entre la UE y EEUU, en el que bajo el eufemismo de "cooperación regulatoria" se busca evaluar las legislaciones nacionales y comunitarias según su compatibilidad con los intereses de las grandes multinacionales.