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UN cargo socialista me comentó esta semana con cierta felicidad que de los grandes proyectos contenidos en el Plan General de Málaga, al alcalde sólo le van a dejar "sus torres de Repsol". Aludía al documento de la Consejería de Medio Ambiente que rechaza la construcción de 9.000 viviendas junto al río Campanillas, la ocupación de Arrajainal o un nuevo puerto deportivo en el Morlaco, por citar algunos ejemplos.
Aunque en teoría la planificación urbanística podría descubrir los distintos modelos políticos con que son posibles diseñar una ciudad, la realidad es que no hay alcalde del signo que sea que no lo intente si le presentan el proyecto para edificar una universidad privada o un centro deportivo de elite, y ya sabemos por anticipado qué terrenos escogerán los impulsores.
¿Dónde está la sostenibilidad? Se pueden preservar los márgenes del río Campanillas, pero dar las bendiciones a una gran urbanización de lujo que emboveda tres arroyos y convierte en una planicie las faldas de los montes de Málaga, como sucede a la vista de todos ahora. ¿Es un argumento técnico prohibir que se construyan pisos en Arraijanal porque es el único espacio costero libre con que cuenta la capital o el deseo romántico de una Administración que lo mismo podía haber anunciado su interés por cambiarle el final a la película Casablanca?
¿Y qué pasa ahora en Marbella? Parece que hay acuerdo general para evitar el derribo de las casas. La certera sabiduría popular ya adelantó el resultado final de las tropelías del gilismo. Aunque ha sido necesario introducir como concepto urbanístico la diferencia entre ciudadanos que se compran pisos de buena fe y los que no. Todo sea por legalizar lo ilegal. Si en Marbella no va a caer un ladrillo su vecino puede respirar tranquilo. Porque en Mijas tienen a remojo sus barbas con otras 2.000 viviendas irregulares, la cifra que posiblemente arrojará el censo final que se está elaborando.
El urbanismo debiera ser objeto de consenso. No hay plan que se ejecute en un mandato. Los desmanes cometidos y consentidos tampoco acreditan a la Junta para ejercer en unos sitios de talibán y en otros de último mohicano, aunque sea sostenible.
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