El modelo educativo español, desde el jardín de infancia hasta la Secundaria obligatoria, siempre ha basado su funcionamiento en la convivencia de la enseñanza pública y privada. Unas veces porque el Estado no tiene suficientes recursos y en otras ocasiones por hacer cumplir la voluntad constitucional de la libre decisión de los padres sobre la educación de sus hijos, la cuestión es que esta simbiosis siempre se ha visto con cierta naturalidad. Ahora llega a Málaga una cuestión trascendental ¿debe permitirse la implantación de universidades privadas, o el sistema debe seguir siendo únicamente público? y, claramente, la diversidad de opiniones está servida.

Curiosamente en la propia universidad pública española se vive como acontecimiento anual la clasificación internacional de cada una de sus instituciones. Todas quieren estar en el más alto nivel del ranking de Shanghái que, sorpresivamente, encabezan las universidades privadas de habla inglesa. Esto debe hacernos reflexionar porque, si queremos competir libre y abiertamente, y en ese ranking todas compiten, ¿cómo podemos negarnos a la implantación de cualquier modelo público o privado? Incluso una vez dentro del engranaje de la propia docencia universitaria, los profesores son evaluados en función de la calidad de sus artículos científicos, medidos por una empresa privada norteamericana. Nuevamente la universidad española rinde su propio control del nivel del profesorado a compañías cuyos intereses distan mucho de lo público. Y tampoco en ello importa su carácter privado.

Por ello parece curioso el dilema planteado. Si hoy en día se permite la creación de fundaciones privadas que gestionen fondos, enseñanzas y medios de las universidades públicas, ¿cómo se pueden negar éstas a la incorporación de otras de carácter privado? Desde luego el debate es mucho más profundo que la simple concesión de unos terrenos, se trata de lograr una división clara para que las universidades públicas dependan únicamente del Estado y las privadas tengan que buscar otro tipo de ingresos, sin claroscuros intermedios.

Evidentemente con nuestros políticos actuales, donde la gran mayoría, tanto a derecha como a izquierda, provienen de universidades privadas, es difícil que legislen sin dejarse llevar por su pasado. Pero la universidad pública es la oportunidad de una educación de calidad para todos, y por ello debe ser prioritaria.