Todo se atasca

España se ha convertido en el país de los atascos. Y no me estoy refiriendo al tráfico rodado, sino a algo bastante más serio que nos afecta a la vida de los ciudadanos. La administración pública, la Justicia, el urbanismo, la sanidad… Todo, vaya donde vaya usted, amigo compatriota, se encontrará con atascos, cualquier asunto le costará un tiempo indefinido. Y no digamos en los temas públicos sometidos a las posiciones políticas de los partidos. No hay más que pararse a pensar en lo extraño, yo diría perniciosamente absurdo, además de ser una burla al pueblo, que resulta llevar tres años en una legislatura (de 4 años) sin la Ley fundamental para el funcionamiento del país: los Presupuestos Generales del Estado.

Pero lo curioso del caso es que, para una cosa en la que podría haber acuerdo entre PP y PSOE, que juntos tienen una sobrada mayoría cualificada en el Parlamento Andaluz, por causas ajenas a la razón, está atascada. Me refiero al nombramiento del Defensor del Pueblo, que debería haberse producido hace ya dos años.

La figura del Defensor del Pueblo es una institución independiente encargada de proteger los derechos fundamentales de las personas frente a los abusos, negligencias o malas actuaciones de la Administración Pública y de otras entidades que prestan servicios públicos. Sus funciones fundamentales son: defender los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y supervisar la actividad de las administraciones públicas, lo que implica investigar las denuncias presentadas por cualquier persona, formular recomendaciones a las instituciones o funcionarios responsables, promover mejoras en las leyes o procedimientos administrativos para proteger mejor los derechos de la ciudadanía. Actuar de oficio (sin denuncia previa) si detecta posibles vulneraciones de derechos.

Las características que adornan a la institución son básicamente: la independencia, imparcialidad, autoridad moral y política, su acceso libre y gratuito, comunicación directa con el Parlamento que es quién le nombra y a quién le da cuenta y una labor preventiva en cuanto a abusos de la Administración. Pues bien, todas estas circunstancias y cualidades concurren, y en ello están de acuerdo PP y PSOE en Andalucía, en la persona de Francisco Gutiérrez (cariñosamente, Paco Guti) que fue secretario general de CC.OO. y Defensor del Ciudadano en Málaga, por ello le habían propuesto como adjunto al Defensor que se pactase. ¿Y me pregunto yo? Si hay acuerdo en que el adjunto sea Paco Guti, ¿Por qué no se le nombra Defensor del Pueblo y que el adjunto sea aquél a quién nombre el partido mayoritario? Y un atasco menos, digo yo.