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Hay declaraciones que no necesitan réplica: se desacreditan solas. Que el Gobierno justifique la desclasificación de los papeles del 23-F para evitar que haya “jóvenes cantando el Cara al Sol por nuestras calles” no es solo una exageración retórica; es un síntoma preocupante de cómo se concibe el poder y la ciudadanía.
El Ejecutivo anuncia con solemnidad que pondrá a disposición pública 153 documentos del golpe de 1981. Hasta ahí, nada que objetar. La transparencia, cuando es coherente y general, fortalece la democracia. Lo que chirría es el argumento pedagógico-policial que lo acompaña: impedir que la ultraderecha “confunda” a jóvenes que creen que con Franco se vivía mejor. Es decir, el problema no es la opacidad del Estado, sino la cabeza de los chavales.
Resulta revelador que se invoque una supuesta epidemia de jóvenes entonando himnos franquistas como si fuera una amenaza estructural. ¿De verdad ese es el gran riesgo democrático de 2026? ¿O estamos ante un recurso emocional útil para agitar el pasado y cohesionar a los propios? Cuando un Gobierno necesita fabricar fantasmas culturales para justificar su agenda simbólica, algo falla.
Más llamativo aún es la doble vara de medir. Para el 23-F no hace falta esperar a la nueva ley de secretos oficiales; para otros episodios incómodos, la prudencia es infinita. La memoria, según parece, no puede estar “bajo llave”, salvo cuando conviene. La transparencia no puede ser selectiva ni instrumental. O es un principio, o es propaganda.
España no se defiende infantilizando a su juventud ni presentándola como material maleable en manos de conspiradores. Se defiende con educación rigurosa, con instituciones sólidas y con libertad de pensamiento. Si alguien idealiza el pasado, la solución no es un dosier ministerial, sino un sistema educativo capaz de enseñar historia sin consignas.
El 23-F fue un ataque a la democracia. Precisamente por eso debería tratarse con respeto institucional, no como herramienta de combate cultural. Convertir la desclasificación en un antídoto contra canciones anacrónicas es rebajar un asunto serio a eslogan político. El problema no es que unos pocos canten algo trasnochado. El problema es que desde el poder se crea que la sociedad necesita ser guiada emocionalmente para no desviarse. Y cuando un Gobierno se atribuye la misión de corregir lo que la gente pueda pensar o cantar, empieza a sonar más autoritario de lo que pretende combatir.
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