Es la crónica de una polémica anunciada. Desde el día en que los políticos soberanistas ingresaron en prisión, la alargada sombra del posible indulto se proyectó sobre las decisiones judiciales que se iban tomando. No ha habido ninguna sorpresa. Desde el principio, la oposición anunciaba esta eventualidad, mientras que el Gobierno aplazaba el debate, amparándose en el preceptivo cumplimiento del procedimiento reglado para estos casos. Pero los trámites administrativos nunca son eternos, aunque a veces parezca lo contrario, y el momento parece que ha llegado.

Estamos ante un debate de evidente carácter político, por más revestimiento jurídico que algunos quieran darle, y que permite, por tanto, legítimos criterios encontrados que requieren explicaciones razonadas y claras. Sería una buena oportunidad para que los diversos grupos políticos aprovecharan esta ocasión para exponer no solo su postura sobre la medida de gracia planteada sino, lo que es más importante, su planteamiento global para solucionar el problema catalán; porque es esto y no otra cosa lo que está en juego. El indulto planteado no es un fin en sí mismo, sino que claramente es un medio para instrumentar una política de mayor alcance y es precisamente aquí donde radica la diferencia de criterios. La concesión significaría que la solución del problema debe pasar por el entendimiento y el diálogo, buscando la comprensión del sector templado del nacionalismo y favoreciendo un ambiente de concordia que permita compromisos políticos estables.

Los que se oponen a cualquier disminución de la pena mantienen el principio de que la firmeza es la única actitud posible y entienden que cualquier cesión, además de inútil, sería una muestra de debilidad inadmisible. Los partidarios de esta actitud deberían explicar con mayor detenimiento cómo solucionarían la actual situación y cómo se superaría la constante división de la sociedad catalana, salvo que entiendan que puede ser una práctica democrática asumible la permanente imposición y el mantenimiento de la actual confrontación. Estos al menos deberían ser los elementos del debate, pero ya sabemos que las discusiones políticas últimamente más que a la racionalidad tienden al griterío; y mucho me temo que las acusaciones de traición e inconstitucionalidad acallen cualquier posibilidad de aclarar la política sobre Cataluña, haciendo así el debate imposible.