Efecto muelle

Se aviva el debate sobre la inmigración, produciendo un indeseable –aunque explicable– efecto muelle. La discusión ha estado tan comprimida que, cuando por fin la sociedad española se ha liberado del tabú, han saltado opiniones de –ejem– todos los colores. No era normal que rigiese una ley del silencio sobre uno de los problemas más graves que tiene España: la inmigración ilegal descontrolada. Pero ahora no es racional que demos un pendulazo, y haya quienes arremetan contra todos los emigrantes, incluyendo los legales, y se les rechace por ser extranjeros, incluso a los hispanoamericanos, a los que debemos tanto, y más que vamos a deberles en el futuro.

Un motivo esencial para controlar la inmigración ilegal es, precisamente, el bienestar de los que vinieron y vienen respetando el ordenamiento español. Son los primeros perjudicados, y no solamente por los salarios en caída libre o las dificultades de vivienda. La inmigración ilegal puede provocar un racismo de racimo que, como el sentimiento irracional que es, no distingue entre unos y otros.

Detrás de muchos de estos problemas sociales y de seguridad ciudadana no está la raza, sino la irresponsabilidad política. Si el Estado estuviese cumpliendo sus funciones más básicas, primero, miles de ilegales no vulnerarían impunemente nuestras fronteras. Y después se atajarían los problemas de inseguridad ipso facto y se deportaría a los delincuentes. Habría un control de las subvenciones y las ayudas, de modo que no se crearían bolsas de aprovechados y mantenidos.

Si el Estado cumpliese su deber, el efecto indeseado e indeseable del racismo no se produciría, porque es una reacción popular, en el fondo, de impotencia, extraña además a la cultura tradicional hispánica. Y hay más peligros. Si nadie pone en primer lugar los intereses nacionales, los políticos aprovecharán a los inmigrantes con intenciones partidistas y fines electorales, encendiendo otra mecha.

Ante los desórdenes públicos, se oye a menudo un desolado eslogan: “Si importas tercer mundo, tienes tercer mundo”. Más importante es preguntarnos si España está a la altura del primer mundo en su manera de gestionar la emigración y de velar por el Estado de Derecho. A ver si el tercer mundo ya lo teníamos aquí: entre nuestros dirigentes, que están jugando con fuego.