Estepona, abochornada

Para quien no haya seguido el caso desde el principio, conviene ordenar los hechos, porque ya no estamos ante una polémica menor ni ante un simple cruce de declaraciones. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y diez de inhabilitación para el alcalde de Estepona por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Ese es el punto de partida, y todo lo demás son intentos de minimizar una situación de enorme gravedad.

El origen del asunto es claro. El Ayuntamiento contrató como personal de confianza a una persona vinculada sentimentalmente al alcalde. El contrato se pagó con fondos públicos. La persona contratada declaró ante el juez que no llegó a trabajar: ni despacho, ni funciones, ni tareas reales. Aun así, percibió 5.276,92 euros. Cuando el procedimiento judicial avanza y la acusación se concreta, el alcalde devuelve el dinero “ad cautelam”.

Desde el gobierno municipal se intenta presentar esa devolución como un gesto de responsabilidad. Políticamente ocurre lo contrario. Nadie devuelve un dinero que considera correctamente gastado. Nadie repara un daño inexistente. La devolución no borra el hecho, sino que refuerza la sospecha de un uso irregular de recursos públicos.

Aquí ya no basta con refugiarse en la presunción de inocencia, que es incuestionable en el ámbito penal. La responsabilidad política es otra cosa. Un alcalde no gestiona su patrimonio personal, gestiona el de toda la ciudadanía. Y cuando la Fiscalía aprecia indicios suficientes como para pedir cárcel, la cuestión deja de ser si habrá o no condena y pasa a ser si es razonable que esa persona siga representando institucionalmente al municipio.

El caso adquiere mayor dimensión cuando PSOE y Vox coinciden en pedir la dimisión. No es habitual que fuerzas tan alejadas compartan diagnóstico, y cuando ocurre suele ser porque el problema ha superado el debate partidista y se ha instalado en el terreno del sentido común.

Estepona lleva años proyectando una imagen de buena gestión. Precisamente por eso, este episodio resulta tan dañino. Normalizar que se contrate a personas del entorno íntimo sin trabajo efectivo y que todo se pretenda cerrar devolviendo el dinero cuando el escándalo estalla envía un mensaje peligroso: que en política basta con pagar y seguir.

Gobernar no es resistir ni atrincherarse. Gobernar es asumir responsabilidades y dar ejemplo. Y un alcalde no solo debe ser honesto, debe parecerlo. Mientras no haya una asunción clara de responsabilidades, el problema ya no es solo judicial. Es un problema de credibilidad institucional.