Res Pública

José Antonio Montilla

montilla@ugr.es

65 euros

Es el momento de elaborar una estrategia nacional de garantía de un sistema público de atención primaria

El próximo sábado se celebran en toda Andalucía manifestaciones en defensa de la sanidad pública. Ciertamente, una parte de la ciudadanía pensamos que se está produciendo un desmantelamiento del sistema público de salud en favor de la sanidad privada, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid. La Orden de la Consejería de Salud de la Junta que regula las tarifas para los conciertos con la sanidad privada se ha convertido en todo un símbolo. Quienes la defienden, dicen que simplemente actualiza una regulación obsoleta. Sin embargo, no es así. Datos objetivos demuestran que asistimos a un cambio cualitativo en la privatización de la asistencia sanitaria. Por un lado, las derivaciones de pacientes a la sanidad privada han crecido cada año desde 2018 pero en los dos últimos se han disparado. Por otro lado, hasta ahora esas desviaciones siempre habían sido en el ámbito hospitalario y ahora se prevé, por primera vez, también en la atención primaria, a 65 euros la consulta. Es una línea roja que nunca se había cruzado. Tenemos una atención primaria saturada, con largas listas de espera, con profesionales mal pagados, agotados tras atender cada día a innumerables pacientes. Y la respuesta que nos ofrecen en Andalucía no es un aumento de la inversión pública en formación y atención sino más dinero para facilitar el traslado de los pacientes a centros privados, incluso a través de procedimientos de dudosa legalidad. El resultado es demoledor pues, desde esa perspectiva, la atención sanitaria no es un derecho sino un negocio.

Es preciso reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Y debemos empezar por el ámbito en el que el deterioro es más evidente. El sistema de atención primaria está en crisis en toda España pero en los territorios gobernados por el PP, como Andalucía, parece clara la voluntad de avanzar hacia un cambio de modelo en el que la empresa privada sea la protagonista. Sin embargo, el Gobierno central tiene resortes para condicionar esa deriva a través de sus competencias para fijar las bases y para establecer la coordinación general en sanidad, que le reconoce la Constitución. En ese sentido, es el momento de elaborar una estrategia nacional de garantía de un sistema público de atención primaria. Debe partirse de una adecuada evaluación de las deficiencias (falta de profesionales, eficiencia, etc.) y proponer las medidas necesarias para atenderlas. El objetivo ha de ser el mantenimiento del sistema público de salud, que nos hace iguales ante la enfermedad, en lugar de entregarlo a los fondos de inversión a 65 euros la consulta.

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