Justicia en tiempo real

17 de enero 2026 - 03:07

Hay una justicia que no necesita juzgados. Ni juez, ni sumario, ni pruebas. Le basta un nombre, un murmullo y el combustible perfecto de nuestro tiempo: la prisa moral. Antes la calumnia necesitaba tinta; hoy le basta un móvil. Y lo que antes era un rumor, ahora se disfraza de “relato”. La maquinaria se activa sola: titulares, tertulias, trending topic… y una sentencia que no firma nadie, pero que todos ejecutan. Conviene decirlo sin hipocresía, para que nadie me saque de contexto: a las víctimas hay que protegerlas. Siempre. Y a los depredadores, perseguirlos. Pero existe una frontera que no se puede cruzar sin convertirnos en otra cosa. La presunción de inocencia no es un privilegio del famoso. Es el último cortafuegos entre la civilización y la cacería. La justicia penal va despacio por motivos incómodos: exige hechos, contradicción, identidad procesal y garantías. Y eso deja una contradicción obscena a la vista. En el caso Salazar, la Fiscalía retira y se archiva, entre otras razones, porque los indicios se apoyan en informaciones periodísticas con testimonios anónimos y porque no consta la identidad de las querellantes. Falta un requisito procesal. Sin embargo, en el caso Julio Iglesias se exige castigo social inmediato con denunciantes igualmente sin identificar. Si el anonimato invalida un procedimiento, no puede alimentar un linchamiento. Justicia igual para todos, también en la prudencia. Y a veces, además, la historia acaba en esperpento. En el caso Adolfo Suárez, la misma denunciante ya había acusado años atrás a su pareja y fue absuelto: informes psiquiátricos hablaban de fabulaciones. Décadas después acusó a Suárez cuando él llevaba cuarenta años muerto, lo paseó por platós afines y el procedimiento volvió a caer por lo mismo: peritos señalando un relato construido sobre fantasía. El daño, sin embargo, ya estaba servido. Y luego están los nombres que nos deberían dar vergüenza. Dolores Vázquez fue triturada. Kevin Spacey fue absuelto y quedó marcado. El linchador no responde, el espectador no paga, la industria del escándalo cobra. Si de verdad queremos proteger, hagámoslo bien: identidad preservada para quien denuncia, sí. Pero también reserva para el acusado hasta sentencia firme. Porque si no hay condena penal, no puede haber cadena perpetua social. Lo contrario no es justicia. Es circo. Y el circo siempre pide sangre.

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