No a las mujeres fantasma

Hay debates que retratan a una sociedad. Burka y niqab no son un “detalle cultural” simpático ni una simple prenda religiosa: en su versión integral, son el uniforme de la desaparición. Borran el rostro, dificultan el reconocimiento mutuo y, sobre todo, transmiten un mensaje de segregación: tú, fuera del espacio común; tú, invisible; tú, bajo tutela. En el siglo XXI, en un Estado democrático que presume de igualdad, normalizar que haya personas literalmente encerradas dentro de la ropa por motivos ideológicos o religiosos es una indecencia.

Y no, que nadie se escude en la palabra mágica: “elección”. La libertad no se mide por lo que una persona dice en público cuando su entorno manda. Se mide por la ausencia de coacción. Y en demasiados casos la película es conocida: empieza como recomendación “piadosa”, sigue como norma comunitaria y termina como exigencia. Quien quiera romantizarlo que se haga una pregunta sencilla: ¿cuántas personas lo llevarían si supieran que su familia, su barrio o su comunidad no les van a señalar, castigar o aislar por no hacerlo?

Por eso el argumento central no es la seguridad –aunque la identificación sea obvia en ciertos ámbitos–, sino la dignidad. La cuestión es si aceptamos que, en España, una persona pueda ser reducida a una silueta sin rostro por una doctrina que, en la práctica, suele ser impuesta por varones, reforzada por presión social y presentada como “virtud”. Si eso no es desigualdad, ¿qué lo es?

Lo más llamativo, sin embargo, es el silencio o la tibieza del progresismo patrio. Tan valiente para fiscalizar palabras, tan rápido para dar lecciones morales, y aquí se pone de perfil. Apenas saben decir otra cosa que “cuidado con estigmatizar” y “no hagamos el juego a la derecha”. Es decir: el problema no es la desaparición de la persona, sino quién la denuncia. Esa inversión moral huele a cobardía intelectual. Y peor: deja a la víctima sola, atrapada entre la presión del entorno y la hipocresía del “yo respeto todo”.

España no debería permitir que nadie viva borrado. No por miedo, sino por dignidad e igualdad: porque el espacio común exige rostros, ciudadanía sin tutelas y derechos efectivos, no consignas. Si una práctica encierra, separa y humilla, el Estado no puede limitarse a “respetarla”: debe proteger la libertad real de quien la padece, ofrecer salida y dejar claro que aquí nadie está obligado a desaparecer para “encajar”. Y si a alguien le incomoda decirlo, quizá el problema no sea la crítica, sino la cobardía.