Los gobiernos de coalición nunca se forman por capricho, sino por necesidad y su construcción y desarrollo no es siempre una operación fácil o agradable. La búsqueda de una fórmula que permita la gobernanza de un territorio hace necesario a veces un acuerdo entre fuerzas distintas e incluso dispares, con discrepancias, que conducen a equilibrios difíciles y a acuerdos contradictorios. Por eso, cuando se necesita el apoyo ministerial o parlamentario de diversas fuerzas políticas, es inevitable ceder no solo en ámbitos de competencia, sino en la realización de políticas que no siempre satisfacen al resto de socios. Decir que un gobierno de coalición desvirtúa las esencias del partido mayoritario es tanto como reconocer que en un acuerdo político es necesario transigir y consensuar. La cuestión está en tratar de distinguir el papel que a cada parte de la mayoría parlamentaria le corresponde y no jugar a la confusión y a la ambigüedad, tratando de mezclar partidos, competencias y decisiones. Lo que hace un socio parlamentario en su ámbito de competencias solo a él le corresponde la responsabilidad y la obligación de explicarlo.

Por eso, cuando se trata de adjudicar a todos los partidos de un determinado bloque parlamentario la responsabilidad de decisiones unilaterales de uno de ellos se está tratando consciente de fomentar la confusión la ciudadanía. La lamentable decisión de Bildu de incluir a terroristas confesos y condenados en sus listas municipales es una decisión de su exclusiva competencia que, por muy repugnante que pueda parecer, solo es atribuible a ellos mismos. Los acuerdos en que hasta ahora ha participado esa agrupación política y que han servido para aprobar importantes leyes, significaban la inclusión de esa fuerza, y lo que ellos han representado, en el mundo de la democracia parlamentaria, abandonando las aborrecibles prácticas de violencia que algunos de ellos defendió en su día. Era un elemento positivo.Por eso, esta última decisión de volver a poner en primer plano actores de una página negra de la historia del país vasco supone un triste paso atrás en una política de aceptación de los mecanismos democráticos y de rechazo a la violencia. Esa es la imagen más triste y lamentable de esta decisión política, aunque algunos, ávidos de dañar la imagen del actual gobierno, hayan centrado sus esfuerzos en intentar hacer partícipe de esta desafortunada decisión a un partido que nada tiene que ver con esa forma de entender la actividad pública.